El Gobierno ha respondido propiamente de manera oficial a la Central Obrera Boliviana (COB), en torno al último pliego petitorio en el que sobresale la demanda salarial y que luego de algunas consideraciones, una propuesta inicial y el lógico rechazo laboral, permitió conciliar criterios para alcanzar un acuerdo que determina elevar el salario mínimo en 15 % y en 8,5 % el salario básico.
De esa combinación de estructura salarial que posiblemente entre en vigor a partir del 1ro de mayo próximo, todos los trabajadores que cumplan ocho horas de actividad diaria percibirán un salario mínimo de 1.656 bolivianos, hasta el presente ese salario es de 1.440 bolivianos. La aplicación tendrá carácter retroactivo a enero 2015 y beneficiará a los sectores público y privado del país.
En la fase de negociación salarial, representantes del Gobierno aclararon a los dirigentes de la COB que el incremento al sector público no puede ser aplicado de manera general, pues existen diferencias en función de disponibilidad y sostenibilidad financiera de cada empresa, por lo que se debe cuidar la estabilidad de las fuentes de empleo que constituye un fundamento en la política social del actual gobierno.
Esta posición expresada de manera oficial en el ritmo de las tratativas con la dirigencia sindical del país, fue percibida de manera positiva por el empresariado privado del país, que entre otras cosas no participó en ninguna de las reuniones de negociación y conciliación salarial, como hubiera sido deseable para hacer conocer las propias contingencias que confronta el importante sector de la producción nacional.
Así como en el Estado se admite la existencia de empresas con diferencias en su desempeño y en proyección a mediano y largo plazo, en el sector de la actividad privada ese factor es más determinante debido a las grandes diferencias existentes entre la proporción de empresas, los rubros de actividad, las condiciones de su relacionamiento comercial interno o externo, las opciones de financiamiento propio o a través de inversiones, el tema de seguridades para enfrentar ciclos especiales, como sucede por ejemplo con la minería u otras situaciones que ponen en riesgo a muchas empresas privadas que deben competir con un desleal comercio informal que se nutre del contrabando y no tributa, pero avanza aceleradamente en su posicionamiento en el mercado comercial, con ventajas frente a la industria y el comercio legalmente establecidos que confrontan rígidas medidas de control tributario.
En el plano salarial, no es la misma responsabilidad que tiene el Estado y con los recursos del pueblo cubrirá las obligaciones salariales del sector público, incluyendo retroactividad y hasta doble aguinaldo, lo que no es posible en el sector privado limitado a su producción, presionado por obligaciones “legales” tributarias y disposiciones sociales como el caso del incremento salarial sin ninguna opción de adecuar el aumento en función a realidades de cada rubro.
La situación salarial del país, evidentemente constituye un punto favorable a la gestión sindical, aunque los expertos señalan que se trata sólo de una actitud operacional, teniendo en cuenta que el aumento con sus características actuales es propiamente una decisión pre – establecida en el Ejecutivo y que sólo acuerda puntos de orden porcentual, con ventajas para los ahora “aliados” del sistema de cambio.
Lo que hay que cuidar del proceso salarial, es que el sistema no se convierta en castigo para muchas empresas que al no poder cubrir las desmedidas obligaciones, tendrán que reducir personal o ser liquidadas.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.