Es un hecho que se repite con cierta frecuencia en algunos niveles de la administración pública, pero en un caso particular el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino fue sacudido por un hecho de corrupción que demuestra el poco control que se ejerce desde niveles superiores sobre este tipo de organizaciones en que mueven muchos recursos económicos, que no llegan al destino apropiado y benefician a pocos “manejadores” de las cuentas.
De acuerdo a las investigaciones iniciales se detectó un serio problema que significa un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos al no haberse ejecutado 153 proyectos, mientras que otros 169 fueron liquidados sin verificación legal, lo que constituye un doble delito, si en ninguno de los casos han sido aclaradas las circunstancias en que se “esfumaron los recursos”.
El Primer Mandatario ha expresado su molestia por lo ocurrido y señalado que “este tipo de acciones son intolerables y que sin importar quienes sean los involucrados se debe aclarar donde fueron a parar esos fondos, los mismos que deben ser resarcidos al Estado”. Se entiende que ésa declaración del Jefe de Estado implica además la aplicación de una fuerte sanción a los culpables, pues no todo quedará zanjado al determinar el destino de los recursos.
El trabajo realizado por la Contraloría General del Estado permitió conocer los detalles – aunque no todos – sobre el mal manejo de recursos públicos en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario, organismo que recibió dinero pero no se ejecutaron proyectos, presumiéndose además que esos recursos o parte de los mismos fueron a parar a cuentas personales de dirigentes del Fondo.
Este hecho nos muestra una faceta de lo que significa la asignación de recursos a organizaciones “indígena, originarias” con propósitos de favorecer la ejecución de programas sociales, pero resulta que, la corrupción también es parte de la administración de ciertos “fondos” donde se puede desviar dinero que ahora debe ser recuperado, aunque se presume que existen muchas personas involucradas en los hechos, incluyendo además de ejecutivos a técnicos y otros funcionarios que de algún modo tocaron recursos del Fondo.
Tras las primeras acciones precautorias, se entiende que la investigación llegará a fondo para establecer quiénes son los culpables, sabiendo por datos preliminares que en el desfalco hay actores directos e indirectos, aunque según algunos observadores el monto del desfalco no da para muchas gratificaciones.
Los hechos muestran que el Fondo Indígena funcionó en un esquema discrecional, como si se tratase de una “caja abierta” de la que se podía sacar dinero sin control y sólo con el argumento de utilizarlo en algún proyecto de desarrollo que tampoco era demostrado fehacientemente y sobre el cual no se producía ningún seguimiento y menos una fiscalización legal para comprobar su buen uso y beneficio entre pobladores de alguna comunidad.
Por los análisis efectuados ahora, tras el escándalo de mal uso de recursos, se observa también que no existió una instancia oficial para aprobar la factibilidad de los proyectos, por lo mismo nadie podía asegurar si una determinada iniciativa era realmente una necesidad de la comunidad o simplemente una alternativa para aprovechar dinero del Estado, irregularmente.
Se trata de un asunto muy delicado, cuya investigación tiene que llegar al fondo de los hechos de modo que se recuperen los recursos y se devuelva al Fondo Indígena su condición de instrumento para el desarrollo efectivo de las comunidades agrarias y ganaderas y deje de ser una caja de beneficencia.
Fuente: LA PATRIA
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