Viernes 06 de marzo de 2015
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La conversión de la República de Bolivia en Estado Plurinacional no cambió en nada en cuanto a la práctica de la corrupción en el aparato estatal. La población autóctona, que en este Gobierno tiene prioridad, se ha contagiado de la pandemia de la corrupción administrativa de recursos del Estado asignados, precisamente para proyectos que beneficien directamente a ese sector de la población.
La Contraloría General dio cuenta de que a partir de la gestión de 2010 al 2013 han desaparecido 71 millones de bolivianos destinados al financiamiento de 153 proyectos, otros 74 millones para 100 proyectos y otros 132 millones cuyo destino es también incierto, en total 277.6 millones desembolsados para el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas. Otra información oficial del contralor Gabriel Herbas da cuenta de que aquellos recursos están en 148 cuentas bancarias individuales que se abrieron en cinco financieras. Al conocerse el escándalo inicialmente se informó que el Gobierno nada tiene que ver con aquellos recursos. Posteriormente se pidió la intervención de la ministra Achacollo. Se dio cuenta de que la candidata a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca está implicada en el caso, por cuanto fue parte de aquella dependencia, exclusivamente para beneficio del desarrollo de los pueblos indígenas.
