El Pacto Fiscal una utopía para Oruro

La vigencia del anunciado Pacto Fiscal para Oruro será una de tantas ilusiones y sueños que tenemos en la región, porque resultará una utopía, debido al reducido aporte que generamos para sostener la economía nacional y más todavía por el cierre de importantes empresas mineras, debido a la inseguridad jurídica y la concentración en el sector estatal reduciendo el pago de las regalías y los tributos fiscales.

Así de simple, una utopía, que en buen romance significa que ese plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación, según define la Academia de la Lengua Española. Por eso, existen los reiterados anuncios del poder central y departamental para fijar una posición, diseñar un modelo y conseguir su aprobación por los movimientos sociales, que fácilmente pueden caer en este juego.

Esa transferencia supone que la fundidora nacional pagará sus tributos a través de Comibol en La Paz, a nivel nacional, dejando de ser una empresa calificada como Especial Contribuyente en Oruro, lo que perjudica los ingresos de la regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que reducirá en más del 30 % su recaudación tributaria, a lo que se suman también otras importantes debido al cierre de operaciones mineras.

Si bien el Pacto Fiscal debería considerarse un acuerdo sociopolítico básico para legitimar el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social como recomienda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ese modelo fue superado por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que legitima el rol del Estado en su régimen de competencia para el nivel central y los entes territoriales autónomos.

Entonces el Pacto Fiscal debemos entender como un acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía destinado a supervisar y tomar decisiones sobre la obtención, manejo y control de los recursos públicos, a partir de los ingresos que genera cada departamento, por lo que debe existir necesariamente la participación de la sociedad civil y no sólo algunos sectores sociales, para así poder fiscalizar el origen de los recursos públicos, su distribución y su asignación para cada región, además priorizando y justificando el gasto, para no invertir en obras y proyectos que ni siquiera ejecutan.

A la reducción del pago de tributos en Oruro por parte de la fundidora nacional se suman también algunas empresas nacionales que tienen el registro de su padrón tributario en La Paz y Santa Cruz, que no toman en cuenta que la ley prevé que “el pago de impuestos debe realizarse en el lugar donde se genera el hecho económico” y no en la denominada “oficina central”, aunque se efectúe la redistribución de esos recursos, porque a nivel departamental es cada vez más difícil cubrir las recaudaciones asignadas, como ocurre con el pago de impuestos pendiente por la privatización de la Metalúrgica Vinto y posterior nacionalización.

La generación de recursos en cada departamento será fiscalizada en aplicación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) que fija en su cláusula transitoria décimo séptima que “la propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal debe ser elaborada analizando y tomando en cuenta las fuentes de los recursos públicos, en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de las competencias territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.

Con la aplicación del Pacto Fiscal se ubicará cada departamento en función de la generación de recursos por los ingresos fiscales que tiene para asumir la distribución y utilización de esos fondos que serán la base para mejorar la economía departamental, lo que en resumen significará su independencia económica para desarrollarse en base a las competencias territoriales y autónomas de acuerdo a los ingresos que se logren.

Con seguridad la mayor negociación será definir el modelo de redistribución de los ingresos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para ver alternativas que favorezcan a las regiones con menores ingresos, tomando en cuenta que la Ley de Hidrocarburos asigna el 18,3% para el Gobierno central, 10,1 % para gobiernos departamentales, 35,3 % para municipios, 25,6 % para pagar la Renta Dignidad, 7 % para el sistema de universidades públicas, 3,5 % para el Fondo Indígena y el 0,2 % para el Fondo de Educación Cívica.

A estos recursos se suma la asignación a cada departamento del 20 % por coparticipación tributaria producto de las recaudaciones en efectivo de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE, IT, ICE, GA, ITGB y ISAE, ingreso que también beneficia a las universidades con el 5 % y el restante 75 % para el Gobierno central, por lo que resulta importante incrementar las recaudaciones tributarias en Oruro, a partir del correcto pago de tributos “en el lugar donde se genera la actividad económica” y no sólo beneficiarse con lo que puede aportar la región. Ojalá exista la suficiente voluntad política de las autoridades para evitar que los impuestos se paguen en otras regiones del país, cuando el hecho generador de las utilidades y ganancia se genera en Oruro.

(*) Periodista

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