El delicado problema de la crisis judicial coloca a nuestro país entre otros que han perdido la confianza ciudadana en su legislatura, su aplicación y su efecto de beneficio colectivo.
No es “consuelo de tontos” suponer que si en otras partes pasa, también puede suceder en nuestro medio. Se trata de la justicia, atributo de libertad, respeto y equidad que rige el desempeño de una sociedad bajo normas que aplicadas correctamente delimitan los buenos actos y los separan de aquellos en que se vulneran los derechos ciudadanos.
En nuestro país se confronta una aguda crisis de la justicia, situación que ha sido admitida en las instancias gubernamentales, tras el error de haber dispuesto la designación de jurisconsultos a través del voto popular. Fue una instancia en busca de solución a la decadente actividad de todo el sistema.
El remedio resultó peor que la enfermedad, en eso coinciden los gobernadores y los mismos operadores de justicia al comprobar una serie de hechos que mostraron abiertamente la corrupción practicada en los más altos niveles de la judicatura nacional, incluido el Ministerio Público.
Frente a hechos consumados, sin alternativas de salvar competencias de algunos profesionales más o menos comprometidos en hechos irregulares, lo evidente es que tal situación ha trascendido los límites nacionales, al punto que funcionarios de organismos internacionales, como la Unión Europea o el alto Comisionado de las Naciones Unidas, coincidieron en señalar que la justicia en Bolivia está sumida en profunda crisis.
La reacción en los niveles nacionales ha sido similar y por supuesto con grave cargo de responsabilidad. El máximo ejecutivo del Tribunal Supremo de Justicia, reconoce que todo el aparato judicial está peor que antes. El Primer Mandatario admitió que fue un error designar “ponchos y polleras” en la alta magistratura, en tanto que el Vicepresidente fue enfático al señalar que la administración de justicia es un desastre y sugirió que “se que se debe volver a la meritocracia” para nominar nuevas autoridades idóneas en el Poder Judicial.
Esa búsqueda de solución con la sugerencia del Vicepresidente abrió un debate preliminar entre los entendidos en la materia, observando que hay necesidad de efectuar cambios en la CPE y ciertas leyes para volver a la forma más segura de designar altos magistrados en base a la meritocracia, que es sinónimo de experiencia y solvencia pero además se exigiría que los futuros postulantes acrediten fehacientemente honradez, integridad y probidad.
Hay quienes opinan que no es suficiente tomar como referencia la meritocracia, recordando que anteriormente el sistema no solucionó por ejemplo el problema de la retardación de justicia, pero por lo menos no se registraron tantos casos de corrupción en diferentes instancias de la administración de justicia.
Una tercera alternativa establece la ejecución de una “revolución de la justicia” para transformar profundamente todo el sistema. Toda revolución genera un cambio y por lo mismo sacude estructuras e implanta nuevas alternativas. Se buscaría en el caso boliviano una combinación entre meritocracia y selección de profesionales probos para asumir la transformación de nuestra justicia.
El resultado de la revolución judicial, tiene que ver con la habilitación de los profesionales capaces de ejercer justicia con probidad, demostrar capacidad en el manejo de las leyes y sin ser un sabio del Derecho, ser un juez honrado, ético, sereno y seguro en sus decisiones. Una máxima del padre de la justicia boliviana Don Pantaleón Dalence apuntaba que “es preferible un juez ignorante pero honrado, a un juez ilustrado pero pillo”.
Fuente: LA PATRIA
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