Jueves 26 de febrero de 2015
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El fundamento que el gobierno boliviano ha esgrimido en la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, es que Chile debe avenirse a negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Esto con el respaldo de la doctrina del Estoppel, aceptada por la jurisprudencia internacional, pues “no sólo las convenciones son fuente de derechos y obligaciones entre los Estados. Lo son también los actos unilaterales —como la notificación, la protesta, la promesa, la renuncia, el reconocimiento— y aun la propia conducta pasiva de ellos, que mueve a otros Estados a actuar en consecuencia” (Rodrigo Borja. Enciclopedia de la Política).
El planteamiento boliviano debe ser resuelto, entonces, por la Corte Internacional de Justicia, la que actúa –como es natural– con independencia de gobiernos u otros organismos internacionales. Entonces, salen sobrando los intercambios verbales, cada vez más agresivos entre personeros de los dos países. Ya se ha llegado al insulto inconducente que, con seguridad, no tendrá peso alguno a la hora de dictar sentencia sobre este caso. Pero no solamente se trata del intercambio público de argumentos, sino que se está dando la impresión de que con la frenética actividad de un vocero estaríamos “ganando la batalla en La Haya”. Eso es, por lo menos, irresponsable.