Incentivar la exploración de gas y petróleo con asociaciones estratégicas
15 mar 2010
Por: Boris Gómez Úzqueda
En las consideraciones de lo que sería una nueva Ley de Hidrocarburos, convenientemente sustentada en una visión de largo plazo, como se viene insistiendo, una de las formas de atracción de capitales y compañías -nacionales o extranjeras- es incentivar el sector de exploración.
Los últimos años un nuevo modelo de gestión de la industria de hidrocarburos en Bolivia denominada “nacionalización” dispuso que la actividad exploratoria está principalmente en manos estatales, al igual que el resto de la cadena, con la falencia particular que la exploración al ser un ámbito sensible y crítico del negocio energético y dado que el Estado boliviano tiene serias falencias en disposición de fondos que financien, con tecnología de punta (sísmica, 4D, etc.) los nuevos procesos exploratorios, sería conveniente que en el acápite correspondiente de la Ley sectorial se establezcan “asociaciones estratégicas” e incentivos vía fiscal a las compañías que inviertan en exploración.
A ello debe agregarse otros factores: que no contamos con una “auditoría” actualizada de áreas de nueva exploración, ni certificación de reservas de gas o líquidos al día, ni mapas geológicos que muestren la Bolivia del gas. La actividad del upstream es siempre compleja y de alta inversión, conforme mis amigos de exploración e ingenieros geólogos indican: potenciar el área de exploración con contratos de asociación estratégica en donde se incentiven vía impositiva una alta cualidad exploratoria en áreas “tradicionales” y en nuevas áreas del territorio.
Agregar a las gobernaciones “productoras” (Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba) a estas asociaciones con compañías externas e YPFB, a través de sus presupuestos para actividades upstream en sus regiones es otra forma de involucrar actores con capacidad financiera en actividades altamente costosas. En el caso de las áreas “no tradicionales” las gobernaciones (Oruro, Pando, Beni, Potosí y La Paz) también podrían destinar parte de sus presupuestos anuales a planes de asociación estratégica en exploración.
Cambiar el modelo implica abrir todo el territorio a la inversión internacional en asociación con la estatal de petróleo y gas. De manera que la “exclusividad” actual de YPFB en áreas de potencial de producción de hidrocarburos sea parte, también, en éste nuevo esquema de inversión privada externa. Otra de las “trabas” que bien podrían superarse en la nueva Ley es relacionada al veto indígena: en vez de veto los pueblos indígenas asentados en áreas de potencial hidrocarburífero podrían ser parte del Directorio de la compañía mixta (YPFB-privados-gobernaciones) que podría conformarse a objeto de realizar procesos exploratorios. Un “veto” indígena es menos importante que una opinión y una participación proactiva de los grupos indígenas en proyectos upstream. En éste mismo esquema entran las “áreas protegidas” cuyo valor ambiental puede ser muy importante para la humanidad pero que sin embargo ello no debiera constituir obstáculo para una eficiente exploración para medir capacidad de reservas de energéticos.
Por la magnitud de las inversiones que exigen las actividades exploratorias la nueva ley podría permitir que -excepcionalmente y de así comprobar por la importancia- las inversiones privadas externas o internas tengan mayor presencia accionaria en áreas de exploración con relación al Estado boliviano.
Si lo que queremos es incentivar la exploración y saber si hay más capacidad de líquidos y gas.
El criterio de “encadenar” un resultado exitoso de exploración -que posteriormente certifique potencialidad comercial de gas o líquidos- con su posterior desarrollo y explotación no es un contrasentido. Y sobre éste punto vamos a volver en breve. Si una compañía -internacional, por ejemplo- se asociare con YPFB y con una gobernación, por ejemplo Tarija, para un proyecto de exploración intensiva de determinada área con posterior resultado positivo, sería conveniente, bajo otro esquema de negocios compartidos que también sea parte del proceso de explotación de ésa área. A ello podría seguir añadiéndose que un exitoso proceso exploratorio, más un exitoso proceso de explotación tendría que ser parte de un plan de industrialización. Inversiones a escala que empiecen en la exploración y concluyan en la industrialización de valor agregado.
Las posibilidades de hacer funcionar el negocio hidrocarburífero en el país son infinitas y es tiempo de contar con una nueva Ley sectorial cuya piedra angular sea una NPE Nueva Política Energética de largo plazo.
(*)Master en Administración y ejecutivo de una compañía de servicios en energía, industria e hidrocarburos.
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