Como siempre sucede al comenzar un nuevo año la primera preocupación social corresponde a examinar el estado de cuentas de los hogares y en algunos casos personales, para establecer que los saldos generalmente no coinciden con las expectativas de ahorro que se fijan para la gestión y se distorsionan por factores adversos, que tienen que ver con la pérdida del valor de la canasta familiar.
Para los dependientes de salarios institucionales de cualquier tipo, sea en la administración pública o el sector privado, el parámetro está regido por el monto del salario mínimo nacional, hablando de lo que llamaríamos el “piso” de esa retribución al esfuerzo humano, porque hay que decirlo, el “techo” de esa cuenta tiene variables muy especiales que se mueven en función a ciertos esquemas, entre reconocimiento efectivo a capacidad y esfuerzo o de manera más sencilla a favoritismos innegables que son parte del pago de facturas políticas, por lo mismo fuera de todo control.
El asunto gira en función a las gestiones de la dirigencia sindical nacional, que elabora un pliego petitorio en el que se prioriza el tema del incremento salarial que además tiene que estar en cierta relación con el índice de inflación, que no compensa la pérdida del valor adquisitivo de los salarios por inflación y otros fenómenos sociales que reducen la expectativa de ahorro.
El proceso de negociación a veces demora mucho tiempo, tanto que en algunas ocasiones se regulariza en el segundo trimestre del año, lo que implica que los trabajadores a salario fijo siguen viviendo con rentas más bajas de las altas obligaciones que deben cubrir.
Casi siempre el porcentaje que se define, no es compensatorio con la realidad de los costos vigentes en el mercado de las transacciones comerciales, más propiamente de los mercados de consumo, donde los precios de productos de primer orden tienen características inflacionarias, precisamente a la espera del incremento salarial.
Las soluciones que se dan resultan por tanto de corto plazo, aunque por dilatar las negociaciones el Estado debe pagar el incremento retroactivamente, lo que en algunos casos de buena administración hogareña puede ser base de un pequeño ahorro, pero al mismo tiempo debe servir para cubrir las deudas contraídas en el periodo de espera del aumento al ingreso mensual.
Con estas condiciones ya conocidas y sólo con la duda sobre el porcentaje de aumento, el asunto se convierte en un derecho expectaticio para el sector de los trabajadores asalariados, que en porcentaje de la fuerza laboral del país es sólo una parte de un enorme conglomerado que tiene más trabajadores del ramo informal, que “se las ingenian” para subir sus ganancias, por el sistema de aumentar algunos pesos en sus propias transacciones de venta de productos o servicios. Por lo mismo la espiral inflacionaria es permanente.
Frente a esa realidad de salarios y compensación, se hace necesaria una política de Estado que considere el asunto salarial en términos de largo plazo, como sucede en otros países donde los salarios se fijan en función de las condiciones de crecimiento de la economía. Esto implica además establecer una condición adicional que se refleja en un mejor rendimiento laboral, que da como resultado más eficiencia y mayor productividad.
El asunto es claro, a mayor rendimiento mejores salarios, una buena compensación que valoriza el poder adquisitivo de la remuneración mensual, claro está que para llegar a esa instancia se necesitan más fuentes de empleo seguro.
Fuente: LA PATRIA
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