Miercoles 11 de febrero de 2015
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No cabe duda que en el país durante las últimas décadas ha habido avances importantes en los procesos de descentralización política y administrativa. Antes de la aplicación de la ley de participación popular, los municipios no podían desarrollarse adecuadamente porque no tenían los recursos económicos suficientes. También la ley de participación popular tuvo un ingrediente político muy importante promovido por el MNR.
En general los gobernantes del pasado no querían por ningún motivo perder una parte del poder, no tanto administrativo sino económico y el centralismo era brutal y subordinaba a las regiones a las decisiones del poder central.
Pasaron los tiempos y la descentralización administrativa se fue profundizando, y la descentralización política también avanzó ya que actualmente las autoridades locales gobernadores y alcaldes son elegidos por voto directo y democrático; del mismo modo que se elige asambleístas y concejales.
El nuevo pacto fiscal que se pretende poner en el tapete de discusión no es otra cosa que redistribuir los recursos.
Sin embargo que la ley de participación popular fue importante y beneficiosa para las diferentes regiones del país, tuvo también su parte negativa en el diezmo que percibían las mismas de las obras más importantes que hacen a su desarrollo, porque los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y otras entidades saben que administrar aún así sea un municipio pequeño es la mejor manera de enriquecerse democráticamente (oficialistas y opositores utilizan la misma práctica en la actualidad).
