El tema del pacto fiscal ha cobrado inusitado interés en sectores ciudadanos considerando que se trata del futuro económico de los Departamentos y en ese contexto de gobernaciones y municipios, por lo mismo resulta la base del funcionamiento futuro de las instituciones regionales.
Una parte de la responsabilidad en el tratamiento del pacto en cuestión (fiscal) corresponderá a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional que ha colocado en su agenda con orden prioritario este tema que merece un amplio debate y una determinación correcta que incluya responsabilidad y equidad en su manejo administrativo.
Hay que partir del hecho legal tomando en cuenta que el “pacto fiscal” es parte de la consolidación del Estado Autonómico que debe estar vigente en todos los departamentos, hecho que en la actualidad no se ha cumplido en todas las instancias administrativas de las gobernaciones.
El tratamiento del pacto fiscal se vislumbra complicado y largo, su debate en las instancias institucionales civiles y en el nivel de las responsabilidades que tienen los legisladores y autoridades distritales se plantea con visión de tiempo y paciencia, diálogo y comprensión.
Está en juego el bienestar de la colectividad, partiendo de una adecuada definición del pacto fiscal que no esté bajo presión política partidista que distorsionaría su efectividad de servicio comunitario.
De momento hay posiciones muy particularizadas en proyección del uso de los recursos económicos que genera el país. Hasta el presente el 88 por ciento de tales fondos los maneja el Gobierno central, en tanto que surge una propuesta para que el Gobierno nacional administre el 50 por ciento de los recursos y la otra mitad debe distribuirse entre los gobiernos departamentales, municipios, universidades y pueblos indígenas. La sugerencia es parte del debate.
Tomando en cuenta que algunas gobernaciones y ciertas alcaldías no tienen la capacidad de generar sus propios recursos económicos, están obligados a exigir lo que se llamaría un “sustento económico” oficial, lo que ya sucede pero altera la función de equidad entre los que pueden autosostenerse y los que no tienen esas posibilidades.
En medios oficiales se habla de que un pacto fiscal se podrá aplicar una vez que todos los departamentos cuenten con sus respectivos “estatutos autonómicos”, situación que está en curso de aprobaciones en las instancias pertinentes. Sólo Pando tiene su estatuto aprobado.
Aunque se pretende avanzar en el delicado asunto de repartir el dinero de los bolivianos hacia los gobiernos subnacionales, definiendo cuánto y cómo se va a distribuir, no hay que desconocer que todavía existe un abierto matiz político en el entorno del “pacto” puesto que casi con seguridad, en el escenario estrictamente partidario y regional las cosas tendrán un matiz más claro luego de las elecciones regionales del 29 de marzo venidero.
El buen criterio se impone de momento y es que la distribución de recursos a través de un verdadero pacto fiscal debe responder expresamente al sentido de equidad, en todo el valor de la expresión como tal, es decir, que cada distrito asuma la responsabilidad de utilizar sus fondos de la forma más práctica y en función de sus necesidades, sus obligaciones y el deber de atender todos los requerimientos de una comunidad expectante de beneficiarse con la vigencia de su estatuto orgánico, que priorice el buen uso de sus recursos naturales.
El resultado de las elecciones sub nacionales permitirá “medir” la fuerza de los partidos en cada departamento.
Fuente: LA PATRIA
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