Miercoles 28 de enero de 2015
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Cuando el Estado deslinda su responsabilidad de financiar a las organizaciones políticas, estas están condenadas a buscar fuentes de financiamiento privadas.
Los grupos de poder económico tienen intereses específicos y sectoriales, que condicionan su apoyo a partir de privilegios que distorsionan los objetivos de las organizaciones políticas y de sus candidatos, generando “facturas” que tarde o temprano se cobran.
Siempre hay sectores privados que contribuyen al financiamiento de las campañas políticas por diferentes motivos; afinidad política, simpatía con el candidato(s), algún interés específico, etc. Mientras este es una de las fuentes de financiamiento, no es un problema.
Es un problema, cuando esta se convierte en la única fuente de financiamiento, porque vuelve a lo(s) candidato(s) en rehenes, subordinando el interés público al interés privado y en particular de quien financió la campaña, privatizando la política.
La diferencia se acentúa más entre el oficialismo y la oposición, debido a que el oficialismo cuenta con el manejo de los recursos públicos para realizar propaganda política disfrazada de publicidad gubernamental, o peor aún, ofrecer “favores de gestión” a los detentores del poder económico a cambio de apoyo a su organización política y candidatos.
