Inyección letal para personas con dicapacidad

El estado de Georgia, en Estados Unidos, tiene previsto matar el lunes a un hombre negro con cociente intelectual de entre 50 y 70. Se considera 90 el mínimo para una persona “normal”. A Warren Hill le esperaría el mismo destino que a Wayne Holsey, con un cociente de 70, ejecutado en diciembre de 2014, y que a Andrew Brannan, un veterano de Vietnam de 66 años con una enfermedad mental grave, ejecutado el 13 de enero de este año.

El abogado de Hill, Brian Kammer, había conseguido en julio de 2013 un aplazamiento de la sentencia tres horas antes de que se produjera la ejecución. La tregua se produjo por las alegaciones de Kammer basadas en la inconstitucionalidad de no tener la obligación, como estado, de informar a los ciudadanos y a los medios de comunicación, sobre la procedencia del veneno aplicado para la inyección letal.

Kammer ha centrado su defensa en la decisión de este tribunal en esa jurisprudencia y en el caso Hall v. Florida, que determinó que los criterios de los estados para determinar la discapacidad intelectual en casos de pena de muerte deben seguir criterios médicos. Pero la conmutación definitiva de la sentencia de Hill no ha llegado.

El Tribunal Supremo de Georgia mantiene un estatuto que exige al acusado probar su retraso mental más allá de cualquier duda razonable, lo que pone la carga de la prueba en el acusado y puede dar pie a interpretaciones arbitrarias y a ejecuciones inconstitucionales. Uno de los estados considerados más racistas del país desafía de esta manera la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos al fijar el lunes, 26 de enero, como fecha para la ejecución de Hill por asesinar a John Handspike, un compañero de prisión, en 1991. Cumplía entonces una condena por matar a tiros Myra Right, la que había sido su novia.

Kammer considera que las personas pobres y las que tienen discapacidad no pueden acceder a la justicia de la misma forma que el resto de la sociedad. Reúne esas condiciones Hill, su primer cliente al que representa desde 1996, cuando tenía solo 26 años. The Georgia Resource Center que él dirige, ofrece servicio gratuito para personas sin recursos que han sido condenadas a muerte. Georgia es el único estado que no reconoce el derecho de las personas a tener representación legal de oficio una vez que han sido condenadas a muerte.

La infancia de Hill y la de sus nueve hermanos están marcadas por los abusos, el alcoholismo de su padre, la pobreza y privaciones de necesidades básicas que le obligaron a pasar temporadas en el hospital por malnutrición. A menudo sufría ataques y convulsiones. Su discapacidad intelectual le impedía superar el percentil 3 en los exámenes de aptitud en el colegio, lo que no le impidió alistarse en la fuerza naval, donde alcanzó el rango de suboficial.

Kammer sueña con un boicot en Europa a las inversiones en el Estado de Georgia. Pide en concreto una reconsideración por parte de la Mercedes Benz de mudar su sede a este estado, que en menos de dos meses habría matado a tres personas con discapacidad intelectual.

“Creo que a los europeos les enfadaría un posible respaldo a las políticas del estado. Me encantaría que surgiera un movimiento basado en Europa que bloqueara cualquier inversión corporativa en Georgia y el resto de estados sureños que mantienen la pena capital, como ocurrió con el boicot al apartheid. Quiero que Georgia tenga un castigo económico por estas atrocidades”, afirma.

(*) Periodista y editor en el CCS

Twitter: @cmiguelez