Dependiendo del volumen de las cargas o del tamaño de los productos que se internan en nuestro territorio, incluyendo movilidades, la práctica de este negocio ilícito corre al por mayor y menor.
No sólo eso sino que también se define el movimiento millonario de toda suerte de mercadería por sus modalidades de traspasar las fronteras, tanto de entrada, como de salida, puesto que así como recibimos cargas pesadas de contrabando, proveniente especialmente de Chile, también expedimos otras impresionantes cantidades de productos hacia el Perú.
Los operadores ya son conocidos como los transportadores de contrabando “hormiga”, que es el modo de transponer fronteras con pequeñas cantidades de productos, pero de forma continua y entre muchas personas. Por otra parte está el modus operandi en grande, con los elefantes del contrabando, en pesados camiones, mercadería suntuaria, vehículos de todo modelo, año y precio y centenares de bultos de ropa usada. Los corredores de este tipo de contrabando son pocos, pero con mucho poder económico.
La semana anterior tras un operativo de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), señalaron abiertamente que en cuatro poblaciones orureñas se brindaba protección a los contrabandistas, se trata de La Rivera, Todos Santos, Sabaya y Puerto Rico, todas próximas a la frontera con Chile.
Para las autoridades de la Aduana Nacional esa revelación no es nueva pues hace mucho tiempo que se identificó a contrabandistas mayoristas que tienen depósitos hábilmente camuflados en las poblaciones rurales, donde además es muy difícil el ingreso de “particulares”, mucho menos de efectivos policiales. En las poblaciones funcionan una especie de bases operativas que mantienen contacto a través de modernos sistemas de comunicación con hábiles motociclistas, conocidos como “loros” que cumplen tareas sumamente importantes para el desplazamiento de caravanas de camiones o motorizados sueltos que siendo parte del contrabando transitan por una impresionante red de caminos alternos, donde el COA, anda perdido.
Pero lo que llama la atención es que funcionaros del COA, mencionan además de poblaciones rurales localidades próximas a la ciudad, por ejemplo Capachos un balneario cercano, Caihuasi hacia Cochabamba y Vichuloma en la puerta de la Zona Franca, extremo que implica un gravísimo error de apreciación de los policías aduaneros, pues el tránsito de personas por esas “trancas” es con mercadería comprada en las ferias de la ciudad para su reventa en otras ciudades o poblaciones rurales y que si bien su origen es de contrabando, su comercialización corresponde a distribuidores que a su vez la compran de los mayoristas. Esa cadena tiene muchos eslabones, lo lamentable es que se ataca a los “terceros” comercializadores que reclaman, con justificada razón, los operativos que efectúa el COA pero que no puede llegar a los grandes depósitos del contrabando.
Como se sabe, ni los mayoristas, menos los distribuidores, otorgan facturas, por lo mismo no tributan, en cambio “comerciantes minoristas” que compran esa mercadería para revenderla no tienen respaldo legal y casi siempre salen perdiendo con los operativos aduaneros que justifican sus tareas, decomisando al menudeo, mientras los mayores volúmenes de contrabando están bajo techo y buen resguardo, generalmente inaccesible a los policías.
Este asunto del contrabando merece una política especial y una adecuada acción que llegue a los grandes capitalistas y mayoristas del hecho ilegal, las incautaciones menores, afectan a pequeños revendedores. El problema está en identificar las verdaderas fuentes de este monumental negocio ilícito.
Fuente: LA PATRIA
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