Menos palabras y más hechos

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La necesidad obliga a extremar recursos y usar el ingenio y capacidad para enfrentar periodos coyunturales de crisis. Sucede en casi todos los sectores donde eventual o prolongadamente se producen alteraciones que disminuyen los medios de producción, poniendo en riesgo fuentes de empleo e inversiones.

En el caso de la minería boliviana la situación conlleva una serie de problemas por la complejidad del sector en general, que además está separado en otros subsectores, todos dependientes de la venta de concentrados al exterior, por lo mismo sujetos a las variables en las cotizaciones que se mueven como en un sube y baja, en función a las presiones de las grandes industrias y al manejo que estas hacen de sus reservas de commodities.

Lo que está sucediendo en nuestro medio se relaciona directamente con algunos factores que no se tomaron en cuenta oportunamente y que de algún modo habrían permitido conjurar la crisis con cierta comodidad y sin temores al contar por ejemplo con un fondo de reserva para emergencias.

El hecho es que desde la minería privada que actúa rápidamente para conjurar sus problemas, por ejemplo reduciendo costos operacionales e inyectando un monto adicional de inversión, pero con la rapidez que amerita el riesgo, lo que no sucede en la minería estatal, en la que se corren trámites burocráticos, se definen modos de apoyo como fideicomisos u otros, pero demoran cierto tiempo en ingresar a la corriente financiera de las empresas, retrasando el ritmo de recuperación o contingencia que se necesita para evitar cierre o despidos laborales en algunas empresas.

Y el proceso tiene además otras alternativas que vencer, el caso de asegurar bienestar social para evitar conflictos, mantener relación efectiva y práctica con la comunidad donde se desarrolla un proyecto, para neutralizar posibles avasallamientos que alteran las relaciones y retrasan o hasta liquidan algunos proyectos, es más, hay que esperar que se dispongan “ayudas equitativas” para mantener un equilibrio en las fuerzas sociales, el caso de los asalariados de la minería estatal y las cooperativas mineras, estas últimas que reciben ciertos apoyos directos, pero que no están en el mismo rango de responsabilidad productiva y tributaria, por lo tanto, generan malestar en los otros subsectores.

Una vez más las circunstancias obligan a los dirigentes mineros a insistir en la regularización de la Ley Minera, que carece de reglamento, adolece de un elemento sustancial como es el de orden tributario, se demora bastante en el estudio en comisiones mixtas, de dirigentes, empresarios privados, delegados gubernamentales, representantes cooperativistas e inclusive profesionales del sector para cerrar de una buena vez el proceso operativo de la Ley 535.

El problema es que no se puede perder más tiempo, se mencionan algunas medidas paliativas, pero la situación merece acciones prácticas. Por ejemplo pasar de los discursos a los hechos, recordando la oferta de hace cuatro años para la instalación de las fundiciones de zinc, una en Oruro y otra en Potosí y disque será en breve, ¿cuán pronto? El país necesita conjurar la crisis minera.