Jueves 22 de enero de 2015
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Antes de las elecciones generales del 12 de octubre pasado se anunció que el Padrón Electoral (el registro de los ciudadanos habilitados como electores) no sería revisado –auditado, se dijo– hasta después de esos comicios. Y así fue. Por eso es que las denuncias de inscripciones fraudulentas quedaron sin ser atendidas y se ahondó la justificada desconfianza de los ciudadanos en la transparencia e imparcialidad del árbitro electoral.
Las muy poco convincentes explicaciones de los personeros y representantes de ese llamado poder electoral sobre sus tropiezos, incapacidad, demoras y muestras de parcialidad en las elecciones generales, prevalecieron en el ostensible empeño de suplantar la verdad electoral, siguiendo, por ello, con la tradición de ineficiencia en la historia de los comicios en nuestro país.
Es cierto que se ha superado la llamada “democracia del cero votos” de los años 50 y 60 del siglo pasado. Pero también es cierto que ha quedado incólume una suerte de dictadura electoral, ante la que nada vale ni nada tiene solución democrática.
Es que no solamente se trata del Padrón Electoral contaminado que, se dice –ojalá sea cierto–, será examinado por técnicos de la Organización de los Estados Americanos. Lo que también preocupa es la legislación vigente, tan apropiada para ejercitar influencia en los comicios que, de esta manera, son vistos con escepticismo, pues se advierte un poco disimulado afán de favorecer al oficialismo. Las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, fueron aprobadas hace varios años, pero ahora estas se han convertido en instrumentos de esa dictadura electoral que no solamente ejercitan los altos magistrados de este órgano del Estado, sino también su burocracia prepotente que, como decía don Juan Lechín, se muestra “insensible y satisfecha”, y que, además, se esfuerza en complacer al oficialismo.
