Las autoridades del Gobierno nacional han reconocido un error cometido al disponer la elección de magistrados del organismo judicial de Bolivia por la vía de la elección ciudadana, situación que no resolvió en absoluto los problemas de la administración de justicia, que más bien se han complicado en todo el último periodo.
El Primer Mandatario del país al comenzar el año y con motivo de inaugurar el periodo de actividades del Ministerio Público en Sucre, lamentó que el intento de mejorar la administración de justicia como un ejemplo ante países vecinos hubiera resultado un hecho negativo, pues la voluntad popular para elegir a los magistrados convirtió al sistema judicial del país en “el centro de extorsión y corrupción”.
Los personeros del más alto nivel político del Gobierno se mostraron alarmados por los frecuentes hechos de corrupción, conviniendo en la necesidad de establecer sanciones a juristas que no cumplan las normas vigentes que están al amparo de las leyes.
No hay otra alternativa que intentar nuevamente una reforma judicial y que la nueva experiencia comience con un referéndum, que inclusive defina una necesaria modificación en la Constitución Política del Estado (CPE), sugerencia que ha sido planteada públicamente y que ya generó algunas apreciaciones por parte de entendidos en la materia.
Lo primero que corresponde, según algunos magistrados, es encarar una reforma judicial y procesal en la CPE de modo que se elimine la vigencia de otra determinación que dicta la elección por voto popular para autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
A raíz de estas primeras apreciaciones de juristas en la materia, además de observadores estrictamente profesionales, el cambio debe comenzar por devolver la calidad y seguridad en el nombramiento de autoridades judiciales mediante el principal requisito de la meritocracia, incluyendo algunas reglas más de seguridad como la obligada declaración jurada, compromiso de servicio idóneo en la función pública, sabiendo que abogado que cometa errores o delitos perderá su condición profesional.
Para observadores políticos el error en la elección por voto ciudadano estuvo en la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa, mostrándose con claridad meridiana que prevalecieron condiciones de favoritismo y en ningún caso se evaluó seriamente la calidad moral, experiencia profesional y méritos de los elegidos..
En criterio de expertos en materia jurídica no correspondería realizar un referéndum para implementar la nueva elección de magistrados, el pueblo en realidad ya se ha pronunciado a través de diferentes instituciones del quehacer ciudadano, rechazando la actual estructura judicial y a sus componentes además de plantear una remoción total del sistema lo que obligaría de manera simple al Órgano Ejecutivo Nacional, una vez que entre en funciones el próximo 22, a disponer con la mayor premura modificaciones en la CPE para encarar una reforma de la justicia, una verdadera revolución que representa un cambio efectivo para recuperar prestigio, credibilidad y confianza ciudadana.
Está en tela de análisis la desaparición del Consejo de la Magistratura por ser un organismo repetitivo de funciones y poco operativo. Se insistirá en que la nominación de los nuevos magistrados se efectúe con la reposición de la meritocracia para la selección de candidatos, entendiéndose que por esa vía los postulantes deberán ser los más connotados profesionales de la materia en cada uno de los distritos.
Ese será un primer paso que debe cumplir el Órgano Ejecutivo una vez cumplida la posesión de sus principales operadores. La justicia está en difícil trance.
Fuente: LA PATRIA
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