Jueves 08 de enero de 2015
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Más que garantía de respeto y cuidado de derechos ciudadanos, la justicia ha sido desde siempre una suerte de castigo. Dice la crónica que la “chicana”, cuya práctica resume todos sus males, nació con Casimiro Olañeta, casi junto a la República. Desde entonces ha sido la única constante de la historia patria. Y como los males que no se curan empeoran, a las causas originales se fueron sumando otras, entre ellas su politización, hasta llegar al punto que llegaron las cosas.
El ejemplo más dramático afecta directamente a miles de personas. El hacinamiento en las prisiones está en límites intolerables para la convivencia humana. Pero más grave aún, más del 70 por ciento de las personas alojadas en ellas permanece sin sentencia. La prisión preventiva en el país carece de un mínimo de racionalidad. Por lo general, es por tiempo indeterminado, aunque tiene plazos fatales. Hecha la ley, hecha la trampa, dice la sabiduría popular.
En esa situación, y porque hay mucha gente que ni siquiera sabe por qué está donde está, ni mucho menos hasta cuándo, hay violencia como la registrada recién nomás en la penitenciaría principal de Cochabamba. Allá se combinaron la ley del más fuerte, la prepotencia del carcelero y la corrupción de jueces y fiscales en una bomba social cuyo estallido permanece en el silencio.
