El proceso eleccionario que está en marcha cobrará mayor importancia a medida que avance el tiempo y permitirá vislumbrar algunos cambios necesarios en el orden de los factores que configuran los intereses de las agrupaciones ciudadanas, que son las más, frente a los pocos partidos políticos que han quedado habilitados para “competir en democracia”.
El escenario que se abre para otra práctica eleccionaria en menos de seis meses, no es precisamente el más óptimo en materia de regulaciones que le den al electorado las suficientes garantías para motivar su participación y el respeto a su decisión, arrastrando algunos males del pasado, proceso que no ha quedado plenamente limpio en la instancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una de las características fundamentales del próximo proceso electoral, es que el “soberano” elegirá a sus autoridades que directamente tienen que ver con la cotidianidad de sus actividades, en la ciudad o la provincia, es decir que los elegidos deben responder a las necesidades prioritarias de un conglomerado ciudadano insatisfecho en muchos aspectos, pero esperanzado en que en la nueva gestión se optimice la dotación de servicios, que es lo más importante para cumplir el objetivo de “vivir mejor”.
En ese sentido y ya resuelta la pulseta para la gobernabilidad nacional, ahora las cosas pueden tener variantes pues el electorado tratará de restablecer el equilibrio de poderes, buscando con mayor prolijidad a los candidatos que aún siendo opositores garanticen mínimo cumplimiento de sus ofertas que además deben ser planteadas objetivamente, respondiendo al clamor comunitario.
Lo que no se ha podido lograr es que la oposición pueda unirse en un solo frente, opción más difícil tomando en cuenta las características diferentes por las condiciones regionales que tienen prioridades particularizadas y que solo los candidatos y los electores pueden compatibilizar a la hora de ofrecer, los unos y de exigir, los otros, situación particular de cada departamento y municipio.
Todo dependerá, de aquí adelante, de la habilidad de los líderes ciudadanos y/o de los conductores políticos para establecer prioridades en los programas que sean socializados ante la población, cansada ya de propuestas incumplidas, testigo de una serie de hechos que como en el caso de Oruro han mostrado la verdadera cara de los elegidos, preocupados mayormente en intereses sectarios y posponiendo las soluciones estructurales a los grandes problemas citadinos y de las comunidades rurales.
Sufriendo se aprende, dicen algunos vecinos, precisamente recogiendo la experiencia de anteriores gestiones y observando claramente la conducta y el comportamiento de los asambleístas, concejiles y las autoridades electas que hicieron muy poco por cumplir sus promesas electorales.
Una de las debilidades administrativas está relacionada con la baja ejecución presupuestaria, en la Gobernación como en la Alcaldía, hasta fin de gestión y aunque se afanen algunos funcionarios en mostrar cifras positivas, los hechos son más contundentes que los discursos y las falencias son muy claras en materia de ejecutar programas de envergadura.
La exigencia ciudadana estará cifrada para el próximo proceso en renovadas propuestas, que incluyan con solidez apropiada la realización de macro proyectos y ya no programas de “remiendo” u otros de continuidad prolongada de obras inconclusas o lo que es peor fuertes inversiones en planes de poca utilidad comunitaria.
Los candidatos del presente proceso no pueden equivocarse en sus propuestas, el electorado tiene una visión más clara de las cosas, otro criterio para elegir autoridades pero que respondan a sus necesidades.
Fuente: LA PATRIA
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