Jueves 11 de marzo de 2010
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Desapariciones y desplazamientos forzados, masacres y torturas en años recientes han llevado a los tribunales a grandes empresas. Multinacionales como Royal Dutch Petroleum, Nike, Chevron, Shell y Rio Tinto han sido acusadas de permitir y fomentar el trabajo en condiciones de esclavitud, de colaborar con las fuerzas armadas y con grupos paramilitares de países empobrecidos en graves violaciones de derechos humanos para “garantizar” la extracción de materias primas.
Muchos de los casos no han podido llegar hasta sus últimas consecuencias por trabas judiciales, por presiones políticas para evitar conflictos diplomáticos y por los millonarios acuerdos judiciales que han ofrecido algunas de estas empresas a los familiares de las víctimas. Sin embargo, leyes como la Ley de Reclamación contra Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claim Act) y la interpretación progresista de algunos jueces norteamericanos han abierto la posibilidad de exigir responsabilidades, en Estados Unidos, a multinacionales que cometen abusos y a los gobiernos que lo permiten.
A estas nuevas interpretaciones del derecho internacional se suman iniciativas como las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos que aprobó Naciones Unidas y que los gobiernos de los países ricos tendrán que incorporar en sus ordenamientos jurídicos. Pero también tendrán que hacerlo los gobiernos de los países del Sur que comparten responsabilidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos: derecho a la vida, derecho a un juicio justo, derecho a un hogar, derecho a la libertad de conciencia y a la libre expresión, derecho a un trabajo digno en condiciones de seguridad… derechos reconocidos en los pactos de derechos humanos con mayor reconocimiento internacional.
