Sábado 20 de diciembre de 2014
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Juicio a magistrados señal de una mano dura hacia el Órgano Judicial
20 dic 2014
Rodolfo Huallpa
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A poco más de tres años de haber sido electos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el 16 de octubre de 2011, Gualberto Cusi, Zoraida Chánez y Ligia Velásquez, fueron sometidos a un juicio de responsabilidades por parte del Gobierno ante la Asamblea Legislativa, por haber admitido la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado y haberla paralizado.
La primera reacción vino del vicepresidente Álvaro García Linera, el 21 de mayo, cuando calificó la decisión de “inconstitucional e ilegal”. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, acusó de “ultra petita”, al haberse actuado más allá de lo solicitado. Los tropiezos, cuestionamientos y observaciones se presentaron día a día, al punto que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que la Asamblea “por esencia” no debería tratar un juicio de responsabilidades, ya que su vocación es legislar y no emitir sentencias.
Frente a la ola de críticas, el Gobierno y la Asamblea decidieron modificar la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado con el fin de que el Senado Nacional, en su calidad de Tribunal de Sentencia, sólo sentencie con la destitución de los magistrados y, en caso de una sanción penal, se remita el caso a la justicia ordinaria.
