Persiste la incertidumbre en el sector minero

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A falta de la reglamentación de la nueva Ley Minera 535 persiste la incertidumbre en el sector minero, puesto que principalmente los operadores privados no tienen una figura clara para sus inversiones, porque para la atracción de grandes capitales se necesita conocer el régimen y el sistema tributario que se dispondrá para la actividad minera y metalúrgica, esto debería estar normado en la reglamentación.

La Ley Minera fue promulgada el 28 de mayo de 2014, después de casi tres años de tratamiento está vigente, pero no es aplicable en la práctica de la actividad misma del sector productivo minero y metalúrgico porque carece del complemento ineludible que es su reglamentación.

Para la promulgación de esta norma se tuvo bastante debate entre el sector sindical que corresponde a la minería estatal, y las cooperativas, principalmente por el tema impositivo, que luego se determinó tratar este aspecto en la reglamentación. La nueva Ley Minera también aborda el tema de la industrialización, se proyecta que hasta el 2025, el país debe exportar mineral procesado e industrializado.

CONFLICTOS

Durante la elaboración de la Ley Minera, se registraron algunos conflictos, uno de los que más llamó la atención en esta gestión fue la prohibición de sostener contratos entre las cooperativas y empresas privadas, que en primera instancia se aceptó, pero luego se indicó que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).

Esto ocasionó que las cooperativas se movilicen, señalando que no es posible que prohíban asociarse con empresas privadas, pero las autoridades nacionales explicaron que de esta forma los operadores privados eluden algunos impuestos, puesto que las cooperativas al ser entidades sin fines de lucro, no cumplen con ciertos pagos.

Según el informe del Gobierno, 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de “riesgo compartido” y en otros contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los cooperativistas.

Por otra parte, también los regantes se pronunciaron sobre la aprobación de la Ley Minera, indicando que no contempla acciones a favor del medio ambiente, denunciaron que algunas operaciones ponen en peligro la salud de la población, por lo cual se pidió incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del daño al medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.

PRECIOS

Durante esta gestión, se tuvo una baja en las cotizaciones de los minerales, principalmente en la plata, estaño, oro; esto ocasionó que disminuya la recaudación por regalías mineras.

Por ejemplo en comparación a las anteriores gestiones, existe una significativa baja en la recaudación de regalías mineras, según los datos proporcionados por el proyecto Control de Minerales de la Gobernación, el 2011 en el departamento de Oruro se recaudó 152,7 millones de bolivianos, el 2012, 134,7 millones; el 2013, 115,1 millones y este año hasta octubre 91,5 millones de bolivianos y se espera concluir la gestión con 100 millones de bolivianos.

El responsable del proyecto Control de Minerales de la Gobernación, Irineo Pérez, mencionó que si las cotizaciones continúan en descenso se prevé una reducción entre el 7 al 10% en las recaudaciones en lo que resta de la gestión, además existe otra situación que preocupa, el cierre de operaciones de la empresa minera Inti Raymi, ya que esta empresa genera 1,5 millones de bolivianos por regalías de forma mensual, por ello si se detiene la fase de producción seguramente el aporte disminuirá a 500 ó 600 mil bolivianos.

Fuente: LA PATRIA