Jueves 18 de diciembre de 2014
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Si los anuncios se cumplen, este jueves puede marcar un hito importante en la lucha por preservar la libertad de prensa en Bolivia. El Tribunal de Imprenta se reunirá para tratar una denuncia del Procurador del Estado contra la directora y un periodista de La Razón por “complicidad” y “espionaje”, respectivamente, a raíz de un reportaje publicado el pasado 13 de abril.
Más allá del fallo de ese Tribunal sobre el tema que motivó su convocatoria por el Concejo Municipal, la apertura del proceso plasma la vigencia plena de una de las normas más sabias del ordenamiento legal de Bolivia, pese a las críticas y los intentos de cambiarla so pretexto de su antigüedad: la ley data de 1925, pero sus orígenes están en el código penal de 1834, cuando Andrés de Santa Cruz introdujo en la legislación de la República la tipificación del “delito de imprenta”.
Ya entonces -hace 180 años- la gente visionaria que construía la estructura legal e institucional de la República que se preparaba a cumplir su primera década de vida introdujo en el Código Penal una herramienta poderosa para la defensa de la prensa libre. El artículo 477 establece el “Secreto del Anónimo”. Con mayor propiedad, el secreto de imprenta, que es el que se pretendió obligar a violar mediante el juicio penal por vía ordinaria instaurado a los dos colegas de La Razón.
