Parecía una anécdota más de nuestro folklore político que una diputada electa deje al Presidente reelecto con la mano extendida, en un acto político. La entrega de credenciales a los candidatos que ganaron las últimas elecciones era exactamente eso, un acto político. Por esa sencilla razón, que una candidata a legisladores rechace retribuirle el saludo a un candidato a la presidencia tiene sólo significado político. Sobre todo porque el candidato presidente estaba en la testera únicamente porque está en función del cargo para el que fue reelegido. Más allá del lado de la mesa en que se encontraban, ambos son adversarios políticos y mantienen diferencias. Por eso, interpretar lo ocurrido como un delito de discriminación o racismo refleja más bien un alto nivel de estupidez. Y una preocupante tendencia a la intolerancia y el autoritarismo. Sólo en las monarquías, y cada vez con menos rigidez, los súbditos están obligados a postrarse ante su rey.
Como ese no es todavía el caso en nuestro país, bajo las reglas de libertad aún vigentes, una persona es libre de darle o no el saludo a otra. Y un apretón de manos, un abrazo y un beso en la mejilla, si lo desea y le aceptan. Lo ocurrido constituye pues, a lo sumo, un acto de descortesía. Atenuado porque si de cortesía se trata, le correspondía al varón ponerse de pie para extenderle la mano a la dama. Actitud de caballero, diría mi abuela.
Desde esa perspectiva, el incidente del martes no tiene mayor connotación que el de anécdota. Pero amerita ocuparse del tema porque la amenaza de llevar a juicio a la diputada proviene de una persona que aunque sólo es viceministro de Descolonización, es también miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo. Preocupa que un funcionario de ese rango y en ese Comité interprete una actitud de esa naturaleza como delito de racismo y discriminación.
“Vamos a hacerlo, porque ese es nuestro mandato”, dijo ese funcionario. Sería interesante que fundamente esa decisión para entender cuál es el mandato al que hizo referencia. Y sobre todo que explique qué tiene de racismo o discriminación que una persona le niegue el saludo a otra, con mayor razón aún si tienen diferencias políticas. A menos que estemos camino a un fundamentalismo monárquico. Más allá de la estupidez, el anuncio preocupa porque coincide con el juicio instaurado desde el oficialismo a tres magistrados ya suspendidos del Tribunal Constitucional. Además de que se trata de un juicio político, que “viola la independencia del Poder Judicial y el derecho a un juicio justo”, como sentenció la Comisión Internacional de Juristas, ratifica el afán oficialista de someter a la justicia al poder político.
Los magistrados fueron ya suspendidos y acusados por la Cámara de Diputados ante el Senado, con mayoría oficialista, que se prepara ahora a juzgarlos. Pero como gracias a las protestas de juristas nacionales e internacionales descubrieron que no es legítimo que un órgano legislativo emita una sentencia penal, se corre ahora contra el tiempo para cambiar la ley.
Se trata, en palabras simples, de acomodar la ley para satisfacer una decisión política de castigar a tres magistrados que llegaron al Tribunal Constitucional como candidatos designados por el oficialismo, en la primera elección de jueces por voto popular. Desde el análisis político, no se trata más que de sentar precedente y curarse en salud ante posibles futuros actos de rebeldía política. Con la reforma de la ley, se dijo, los magistrados se librarían de ir a prisión si renuncian a los cargos que ocupan ya otras personas.
Camino al absurdo, lo que se hace en el juicio a los magistrados podría servir de precedente para que alguien pretenda también tipificar como delito contra el racismo y la discriminación negarle el saludo al presidente, para legalizar un juicio a la diputada opositora. De momento, coincidencia o no, según el promotor de enjuiciar por racismo y discriminación a la diputada opositora, el camino para evitar un juicio penal es que se disculpe públicamente y que el presidente lo acepte.
En todo caso y si bien lo cortés no quita lo valiente, la reacción de la diputada opositora puede muy bien interpretarse como una expresión de dignidad y valentía en defensa de su posición política, por mucho que se discrepe con ella.
Un acto similar al de la abogada y politóloga Lucy Sara Escóbar Velasco que del área de Fiscalización de la Alcaldía de Cochabamba fue “relocalizada” mediante un memorándum a la de Obras Públicas como “peón 1”, porque participó en un mitin en defensa de las tierras agrícolas de su ciudad. Ella trabaja hoy con una amoladora, vestida de botas y jeans, y acepta la orden que firmó el alcalde Edwin Castellanos, “porque el trabajo no denigra”.
Ese, seguramente, es un caso flagrante de discriminación y abuso de poder cuyo juzgamiento no requeriría cambiar la ley.
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