Está en desarrollo el nuevo proceso electoral y una primera obligación en cierto segmento ciudadano es acudir a centros de empadronamiento para lograr el registro biométrico de la huella digital, estableciendo la identidad personal y permitiendo que los nuevos ciudadanos puedan asumir decisión electiva en el proceso democrático de marzo venidero.
Este primer requisito estará abierto hasta hoy y por los datos preliminares, la asistencia de los ciudadanos que deben obtener su registro fue muy lenta y tal actitud puede ser la causa de la costumbre de esperar los últimos días para formar largas filas y alterar cronogramas que pudiesen salvarse en tiempos normales y sin prisas de última hora.
Sin embargo hay quienes señalan que se aprecia también cierta apatía ciudadana, pues saliendo de un periodo electoral que culminó en octubre pasado, ya se implementó el nuevo que tendrá parecidas características y absorberá la atención ciudadana, para seguir los trajines de políticos y el interés de candidatos, aunque en este caso por doble partida, ya que se trata de buscar gobernaciones y alcaldías.
Parecería que todo marcha de acuerdo a las previsiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin que empero este organismo muestre con claridad su intención de recuperar la credibilidad del electorado para garantizar las nuevas elecciones sin confrontar problemas.
De manera global saltan muchas dudas sobre las competencias concretas que deben desarrollar los próximos electos o electas, en las gobernaciones o los municipios, sabiendo que a la fecha en la mayoría de los departamentos los asambleístas que propiamente ya están de salida, no aprobaron sus estatutos autonómicos y en los municipios de capital tampoco han corrido con la elaboración y aprobación de las cartas orgánicas que exige la Constitución.
Esos instrumentos son parte importante de la regulación de funciones, de las responsabilidades y atribuciones de las autoridades en cada caso, incluyendo lo que corresponde a los asambleístas departamentales y a los concejales municipales para que todos cumplan sus actividades regidos por normas establecidas, aprobadas, consensuadas y vigentes por mandato de la propia sociedad a través de referéndums.
No se exige cumplimiento de requisitos imprescindibles que marcarán la competencia futura de las autoridades que serán electas a fines de marzo y que comenzarán como las que saldrán, propiamente en cero.
En el caso de los candidatos, de igual modo entrarán a la competencia sin reglas renovadas, otra vez en función a una ley electoral que no ha sido adecuada al tiempo actual y sigue siendo parte de un esquema en que las organizaciones políticas funcionan con muchas restricciones o a la inversa como sucederá luego con la vigencia de “agrupaciones ciudadanas” surgidas al calor y el entusiasmo de una simple competencia electoral.
Bajo esas alternativas la ciudadanía recibirá muy pronto un bagaje de más ilusiones, de programas o plataformas políticas con muchas ofertas, con las promesas de ejecutar grandes proyectos y la seguridad de incorporar una cantidad de obras que demanda la ciudadanía con la esperanza de alcanzar mejores condiciones de vida en la comunidad.
Los candidatos ofrecerán cielo y tierra, pero algo importante será conocer la idoneidad de cada postulante, su experiencia, honestidad, capacidad para cumplir lo que ofrece, pero además atributos de concertación con un entorno que no siempre pueda serle favorable, por lo mismo, la búsqueda de autoridades solventes, puede ser una difícil tarea para el electorado.
Fuente: LA PATRIA
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