A fines de octubre al reconocerse la caída en los precios del petróleo, por lo menos en el nivel estatal de nuestro país, se mostraron signos de optimismo señalando que tal situación afectaría “levemente” la situación económica del país gracias a que el rubro de reservas financieras es lo bastante sólido como para enfrentar la crisis.
Coincidieron con esa posición algunos organismos internacionales que observan desde afuera la situación de la denominada macroeconomía boliviana que justamente en este periodo se pondrá a prueba para confrontar la crisis de precios en sus principales productos de exportación, las materias primas, el caso del gas y los minerales.
El tema está planteado de ese modo, pero hay una realidad ineludible y es que de todo modos se sentirá el efecto con menor percepción de ingresos por la vía de las regalías, en gas y minerales, que sirven para engrosar los presupuestos de gobernaciones y municipios, a través de la distribución de impuestos, el caso del IDH y otras asignaciones que contempla el Presupuesto General del Estado (PGE) y que sufrirán recortes.
El Ministro de Economía y Finanzas, cauto pero franco en su explicación, señaló que el Estado como tal no sufrirá consecuencias con la caída de precios pero aclaró que los gobiernos departamentales y los municipios sentirán ese recorte obligado en la asignación de regalías.
La autoridad aprovechó la circunstancia para recordar a las autoridades subnacionales, que “sentirán el impacto de la caída porque no han sabido diversificar sus ingresos, como lo hemos hecho nosotros (Estado) y porque no han tenido la capacidad de mejorar las inversiones”, aludiendo de manera directa al problema de la baja ejecución presupuestaria en los dos sectores, donde muy cerca a fin de gestión, los índices señalan no más de un 70 a 75 %, en algunos casos, mucho menos en otros, donde el dinero no fue utilizado convenientemente.
El recordatorio ministerial insiste en llamar la atención a gobernadores y alcaldes por no seguir el consejo de “hacer inversiones en temas productivos creando empresas que ofrezcan rendimiento futuro”. Se criticó la política de varias alcaldías de hacer gasto en cemento, en alusión a planes de arreglo de calles u obras menores, más que todo de maquillaje, pero sin ideas para crear micro o medianas empresas municipales para servicio y beneficio colectivo, además de asegurar un buen retorno de utilidades.
Lo que viene luego tendrá cierto efecto en los presupuestos, especialmente al comienzo de la nueva gestión anual, pues el impacto de la caída de precios se sentirá entre los 30 y 60 días siguientes, cuando se impulse un nuevo proceso electoral y se conozca a los candidatos, justamente para ocupar los cargos en gobernaciones y municipios, seguramente ofertando planes de contingencia para enfrentar la situación presente, pero también deberán plantear programas muy claros para mejorar los índices de inversión y ejecución presupuestaria.
Al presente, como se mencionó en niveles administrativos del Gobierno, los municipios se aplazaron en su tarea específica de invertir los recursos que recibieron y que incrementaron sustancialmente sus ingresos “tradicionales” captados con magras recaudaciones de orden impositivo y algunas donaciones. Sucedió que las asignaciones se elevaron a tal punto que no sabían cómo gastar el dinero que en la mayoría de casos están en cuentas paralizadas, mientras que la población demanda proyectos y obras de impacto social. Restricciones habrán, pero capacidad, ingenio, voluntad y seriedad tendrán que enfrentar la crisis.
Fuente: LA PATRIA
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