Para Chile “no hay problemas pendientes con Bolivia” y el caso de la demanda marítima corresponde a un “hecho cerrado” por el Tratado de 1904 y que según sus autoridades tiene “escrupuloso” cumplimiento, sin tomar en cuenta que esa situación proviene de la presión ejercida después de una alevosa ocupación territorial despojando a Bolivia de su costa marítima y muchos kilómetros de su territorio.
En tanto se desarrolle el trabajo de la Corte Internacional de La Haya, donde radica el planteamiento boliviano en pos de un arreglo amigable y solidario, hay otro problema latente, que también tiene que ver con agua, en este caso potable y dulce que da vida a una amplia región del norte chileno en la zona minera de Antofagasta, antes territorio boliviano, que se nutre de las aguas del Silala y por cuyo uso no cancela nada al distrito de Potosí, en cuya jurisdicción y en la población de Quetena se encuentran las vertientes que producen agua potable que atraviesa la frontera boliviana por canales artificiales construidos por chilenos y que la conducen a ese territorio.
El asunto retrocede en el tiempo hasta 1908 cuando la Prefectura de Potosí otorgó en concesión a la empresa inglesa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, el uso de agua del manantial que serviría para abastecer del elemento líquido a las locomotoras de lo que después se conocía como el Ferrocarril Antofagasta Bolivia.
Fueron técnicos y trabajadores chilenos que trabajaron en la apertura de canales para desviar el agua del manantial del Silala, dirigiendo su curso hacia su territorio. Para justificar esa ilegítima situación Chile arguye que se trata de un río de curso sucesivo por lo que se siente con derecho al usufructo de esas aguas. Tal posición nunca pudo probarse, más si la del derecho boliviano sobre la propiedad en su territorio de los ojos de agua que forman la vertiente del Silala.
Sobre este asunto ya se han producido varias negociaciones e inclusive en una de las últimas durante la primera gestión de la presidente Michelle Bachellet, se llegó a un acuerdo preliminar por el que Chile reconocía y admitía el usufructo del 50 % de los recursos hídricos del Silala, se quedó en estudiar el monto de la deuda histórica y el pago de la misma por parte del gobierno de Chile. Con el cambio de gobierno no prosperó ese arreglo.
La Gobernación de Potosí en Bolivia, con justificado derecho, planteó al gobierno un apoyo financiero para encarar el uso industrial de las aguas de su vertiente en el Silala y encaró dos proyectos, uno la habilitación de un criadero de truchas y otro la industrialización de agua envasándola para consumo humano, además de crear un sistema de riego en la región altiplánica. Bolivia recién comienza a utilizar parte del caudal de esas aguas, mientras que Chile lo hace diariamente y sin ningún costo reconocido legalmente, aunque sabiendo que el uso de tan importante recurso natural debe ser pagado.
El tema de las aguas del Silala está incluido en la agenda de 13 puntos que se acordó considerar diplomáticamente en el primer periodo de Michelle Bachelet y que necesariamente debe reactualizarse en su segundo mandato, para dar fe de que el país trasandino cumple sus obligaciones y está en disposición de pagar lo que debe, por un acuerdo admitido hace 106 años.
Fuente: LA PATRIA
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