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Martes 18 de noviembre de 2014

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Martes 18 de noviembre de 2014
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Editorial
La quinua en el vaivén comercial
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Identifican a soldado herido como conductor de vehículo siniestrado
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Secuestro de general lleva al limbo la paz en Colombia
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Editorial y opiniones

El abuso de menores clama al Cielo

18 nov 2014

Germán Mazuelo Leytón

Ha estremecido la muerte de un bebé de 8 meses, de padres alcohólicos, motivo por el cual estaba a cargo de un orfelinato de la ciudad de La Paz, desde donde había sido conducido al hospital Juan XXII. La autopsia de ley estableció que la causa de la muerte del niño se debió a "traumatismo anal por laceración penetral y anemia por hemorragia interna".

Con motivo de la multiplicación de crímenes, de violencia sexual en nuestro país -como el citado caso-, se levantan múltiples voces clamando porque se instituya la pena de muerte para criminales convictos y confesos.

Amnistía Internacional, la organización fundada por el abogado judío y converso católico Peter Benenson, con sede en Londres, creada con la finalidad de la defensa de los derechos humanos, de la liberación de toda persona encarcelada a causa de sus opiniones y para oponerse a la pena de muerte y a la tortura, desde su génesis de 1961, aunque también fomenta el aborto como un derecho fundamental, y es hoy por hoy, una organización infectada de progresistas y feministas radicales.

Amnistía Internacional en su reporte 2013 señala que “en 1977, sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. En diciembre de 2013, esa cifra asciende ya a 98, y más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena capital en la ley o en la práctica”.

Me viene a la memoria el asesinato en 1986 del niño de 5 años Álvaro Tavera Nava, que conmocionó al país. El asesino tras haber vejado al niño, admitió su crimen y su culpabilidad y espontáneamente manifestó que se creía merecedor de la pena de muerte, por su siniestro delito, finalmente apareció colgado en su celda.

La manifestación popular impresionante con centenares de miles de personas que recorrió las principales avenidas de La Paz, lugar del asesinato, y que terminó en la Plaza de Murillo, pedía la pena de muerte para el criminal. Otros casos posteriores produjeron similares reacciones populares.

De nuevo sobre el tapete de la actualidad, la licitud y la conveniencia de la pena de muerte.

Sus defensores esgrimirán tres argumentos principales:

1º. Que la pena de muerte es un beneficio otorgado al reo, puesto que se le permite y ayuda a reconciliarse con Dios.

2º. Que su fin principal es la corrección del criminal, y

3º. Que el fin intrínseco de cualquier pena es la restauración del orden social.

Son razones fuertes en defensa de la sociedad, en cambio, los defensores de la desaparición de la pena de muerte, se apoyan también en tres razones principales:

1º. Hubo casos judiciales de error al atribuir el delito a inocentes, que luego fueron injustamente ejecutados,

2º. Que la pena de muerte es el arma predilecta de los dictadores y tiranos, y

3º. Que la pena de muerte es una negación del amor cristiano de los enemigos según la sentencia de Jesús “amad a vuestros enemigos”.

La Iglesia Católica se ha declarado contra la pena de muerte aplicada por ley sin que por ello afirme que sea ilegal: “Al prójimo se le puede matar en tres casos: en la guerra justa, en defensa propia y en la justa aplicación de la pena de muerte”.

El máximo teólogo católico Santo Tomás de Aquino, en su obra "La Summa Teológica", sostiene que "todo poder correctivo y sancionario proviene de Dios, quien lo delega a la sociedad de hombres; por lo cual el poder público está facultado como representante divino, para imponer toda clase de sanciones jurídicas debidamente instituidas con el objeto de defender la salud de la sociedad. De la misma manera que es conveniente y lícito amputar un miembro putrefacto para salvar la salud del resto del cuerpo, de la misma manera lo es también eliminar al criminal pervertido mediante la pena de muerte para salvar al resto de la sociedad" (II parte, cap. 2, párrafo 64).

“La Autoridad Pública puede imponer la pena de muerte al criminal para defender a los demás. Con la pena de muerte, la Autoridad, que tiene la responsabilidad de la vida de los ciudadanos, defiende a los inocentes, siempre expuestos a caer en manos de los criminales” (Para Salvarte, P. Jorge Loring S.J.).

Esa es la cuestión. En un frío laboratorio parece inhumano, anticuado, inoportuno el cumplimiento de una pena de muerte judicial, más, a la contemplación de una macabra injusticia flagrante como la de las macabras muertes de niños vejados por inadaptados, drogadictos y pedófilos, la voz del pueblo clama por la pena de muerte para éstos, y los mismos asesinos patentizan que sólo con la aplicación de la pena capital, quedará compensada la injusticia, y sus mismas conciencias adquirirían serenidad y gozo.

(*) Director Nacional Pioneros de Abstinencia Total

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