Sábado 08 de noviembre de 2014
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“Yo, igual que algunos jueces, y la mayoría de las personas que aman la vida y la libertad, pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Sin embargo, he sido obligado a soportar esta penosa situación durante 29 años, cuatro meses y algunos días”. Son las palabras de Ramón Sampedro, pronunciadas poco antes de poner fin a su vida, el 19 de enero de 1998, por envenenamiento de cianuro potásico. Su caso conmocionó a la opinión pública e inició el debate sobre la muerte voluntaria en España.
Sampedro, aquejado desde 1968 de una tetraplejia que le impedía mover todo el cuerpo excepto la cabeza, luchó durante tres décadas en los tribunales españoles pidiendo autorización legal para morir y así aliviar sus sufrimientos físicos y psíquicos. Ante la constante negativa de la justicia, finalmente Sampedro ejerció, ayudado por una amiga, lo que consideraba su derecho a morir dignamente.
Desde entonces, en las páginas de los periódicos aparecen de vez en cuando noticias sobre personas que, ante la imposibilidad de poner fin a su vida por sus propios medios, solicitan la regulación de la eutanasia, que consiste en suministrar fármacos “a petición” de un paciente con el fin de acabar con su vida. Esta actuación está tipificada como delito de auxilio al suicidio en el Código Penal español. En el mundo sólo seis países permiten la eutanasia o el suicidio asistido: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Colombia y los estados de Oregon, Vermont, Washington y Montana en Estados Unidos.
