Jueves 06 de noviembre de 2014
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Al ahora exmagistrado Gualberto Cusi le fallaron las hojas de coca. No le dijeron, nunca, que al postular a un cargo en el Tribunal Constitucional de la mano del oficialismo estaba sembrando de espinas su propio sendero. Entre votos blancos, nulos y el alto abstencionismo que caracterizaron la primera elección de jueces, en el 2011, Cusi fue uno de los candidatos designados por el partido gobernante que más votación obtuvo.
El mismo desencanto de Cusi debe primar hoy en sus colegas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez. Ellas también llegaron al Tribunal ungidas por el voto popular con la difícil misión (cuando menos según los anuncios formales) de liberar a la justicia de los males que la aquejan desde siempre y ponerla a tono con los postulados de cambio.
Tres años después, los tres fueron ya condenados por el poder político. La decisión de someterlos a juicio en el Senado bajo acusación de diputados es sólo parte formal de un proceso inédito en la historia del país, destinado a sentar precedente de consecuencias impredecibles. Pero que, de hecho, confirma el sometimiento del poder judicial al poder político.
