En casi todas las ciudades del país, en unas más que en otras por la cantidad de población civil o un excesivo parque automotor, las cosas se ponen difíciles a la hora de pretender encarar un reordenamiento urbano.
La vigencia de dos sectores agremiados que han cobrado fuerza en la colectividad impide alcanzar objetivos trazados por las autoridades, sean éstas últimas del municipio o las policiales a través de sus organismos especializados como el caso de la Policía Operativa de Tránsito, limitadas en ambos casos a exigir el cumplimiento de normas.
Las ordenanzas municipales se cumplen a medias, muchas ni siquiera se las toma en cuenta de ahí que existe un caos permanente en la ciudad con la presencia de miles de comerciantes irregulares en las calles y ocupando de manera arbitraria las aceras y hasta las calzadas. Es el dominio del sector gremial.
El otro caso corresponde a la desordenada circulación de motorizados del servicio de transporte público que ha impuesto sus rutas, que ni siquiera son cumplidas disciplinadamente y ocupan ciertas arterias del sector central de la ciudad, produciendo “las trancaderas”, que demoran a los mismos conductores pero que sostienen tal situación persistiendo en su paso por calles del casco viejo, estrechas y saturadas de vehículos públicos, en una mayoría, pero en horas tope también particulares.
Las condiciones de movilización peatonal y vehicular están bajo dominio de gremiales y comerciantes informales y por otra parte de transportistas indisciplinados del servicio público que transitan como quieren y por donde mejor les plazca, por lo menos esa es la opinión de autoridades y muchos dirigentes vecinales.
En cualquier alternativa para ejercer autoridad, en ambos casos, la respuesta es la presión de los sectores con movilizaciones, marchas, bloqueos y paro de actividades, inclusive ocupación de las dependencias especialmente comunales, alcanzando de ese modo beneficios sectoriales, en lugar de medidas que puedan favorecer al conjunto de la población.
Ya se ha observado que en el caso del transporte público las autoridades del Gobierno Municipal carecen de un adecuado plan de reordenamiento para mejorar el servicio a miles de usuarios. Los servicios no mejoran, las rutas se cumplen a medias, los vecinos se quejan por el mal servicio y no hay autoridad que ponga remedio a ese mal que crece diariamente. Son los transportistas que establecen sus rutas y son los que se oponen a innovaciones de algunos grupos que pretenden llegar a más barrios y utilizando vías alternas. Los agremiados no admiten competencia.
Por su parte el sector de comerciantes, una gran mayoría informales, ha copado las aceras e inclusive las calzadas, pero en esa tarea absolutamente criticable también están los comerciantes agremiados, que incumplen normas, ocupan los sitios que les conviene para extender sus negocios y no hay quien ponga orden en las calles que se han convertido en extensión de los mercados.
Hay varios mercados en la ciudad algunos con puestos desocupados, tal el caso del Bolívar u otros zonales donde inclusive la infraestructura se deteriora por falta de uso, pero la caprichosa posición de este otro sector hace que el gran comercio esté en las calles del centro, configurando un desastre que altera el derecho ciudadano y afecta la calidad urbanística de la ciudad.
El gran problema del momento es que al finalizar la gestión es muy poco lo que se puede reformar, pero si se acude a la conciencia de servicio de algunas autoridades, se podría recuperar su sentido de responsabilidad que pueda viabilizar planes conjuntos para mejorar nuestra ciudad.
Fuente: LA PATRIA
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