Entre renuncia y destitución

Desde el derecho, una de las características de la renuncia es que se trata de un acto liberatorio. Es decir, que en el momento que una persona presenta su renuncia al cargo que ejerce, por elección o por designación, lo que hace en realidad es liberarse de los derechos que le corresponden. Pero sobre todo, se libera de todas las obligaciones, gravámenes y cargos que tenía.

La renuncia es un acto jurídico estrictamente unilateral, sólo exige la voluntad del renunciante para librarse de un derecho. Por tanto, se la considera un acto abstracto. Eso implica, de manera clara, que en el acto de renunciar lo realmente importante no es la causa que lleva a alguien a tomar esa decisión, sino la decisión misma.

Es en mérito a que la renuncia es absolutamente voluntaria, que desde el punto de vista legal se la considera un acto liberatorio y a que desde la práctica quien renuncia no lo hace por lo general motivado en razones nobles ni mucho menos en principios de carácter ético ni moral, que resulta hoy poco práctico, por imposible, demandar que renuncien los miembros del Tribunal Electoral.

Como pocas veces en la historia del país, oficialistas y opositores coincidieron esta vez con la ciudadanía de a pie en criticar el trabajo del Tribunal Electoral. El propio Presidente Morales declaró que su trabajo “dejó mucho que desear”. Su trabajo fue tan desprolijo que desde las filas oficialistas se anunció interpelación en diputados. El manejo chapucero llegó a niveles comparables a los que hace años obligaron a anular una elección –pese a que eran tiempos de dictadura militar en retirada- porque en el afán de ayudar al candidato oficialista se registraron más votos que votantes.

Visto así, más que demandarles que resuelvan ellos mismos sus problemas internos, constituidos en juez y parte, o que busquen soluciones a las fallas técnicas a las que atribuyen su deficiente tarea, se podría suponer que la salida pasa por la destitución pura y simple.

Pero un mínimo de racionalidad, de sentido de justicia y de equidad demanda mucho más que una simple demostración de autoritarismo. Desde el punto de vista práctico y dadas las circunstancias, además, porque probablemente existan intereses políticos mediatos e inmediatos que hacen imposible una solución de esa naturaleza. Si fue criticable elegirlos a dedo, que no sea también criticable una limpieza, a estas alturas necesaria, por el mismo sistema.

Pero sobre todo porque alguna vez en la historia del país se debe considerar que los pecados y delitos cometidos desde la función pública dejan de ser tales cuando el responsable no está más. Más que un acto de represalia o de protesta política trasnochada tras la derrota electoral, hay que convenir en que esa es la importancia del memorial de denuncia que presentó la oposición solicitando “la suspensión” de los vocales del Tribunal Electoral.

La vasta gama de denuncias va desde parcialización traducida en el dictado de normas previas vinculadas a mayor o menor tolerancia en la difusión de propaganda e información hasta fallas técnicas y errores absurdos como la palabrita cambiada en las boletas de sufragio. Pero pasa también por la de manipulación de datos en el padrón de electores y en los cómputos finales. Habría que sumarle usurpación de funciones al pretender legislar sobre el trabajo de los medios de comunicación y las cortapisas a las libertades de información y expresión traducidas en limitaciones sin precedentes históricos que se les impuso.

Si las denuncias desde la oposición tienen fines nobles, igual que las expresiones de crítica desde el oficialismo, y van más allá del simple deseo de cambiar por cambiar y buscan mejorar, habrá que esperar que las pruebas que respalden todo lo que se dijo sean contundentes. Que su análisis permita determinar, de manera fehaciente, si hubo fallas técnicas o humanas, si fueron voluntarias o involuntarias. Pero sobre todo, proponer soluciones viables y pertinentes.

Aunque los hechos están a estas alturas ya consumados, del total esclarecimiento de lo denunciado antes, durante y después del día de votación y de las soluciones para evitar que se repitan en el futuro dependerá la legitimidad de las autoridades elegidas, aunque no sea nada más que para que conste en la historia. Al fin y al cabo, lo único que tiene valor en nuestro tránsito por este valle de lágrimas es el juicio moral de nuestras acciones. Aunque no sea nada más que para nosotros mismos.

Pero sobre todo, cambiar todo lo malo que se hizo, demostrar una verdadera voluntad de enmendar errores y de transitar caminos correctos servirá para recuperar la credibilidad ciudadana en el voto como fundamento de su vida en democracia. Porque muchas veces, en el pasado no muy lejano, se escuchó en la voz del pueblo aquello de “como no se quieren ir, hay que echarlos”.