Hasta pocos días antes de las elecciones se realizaron movilizaciones por parte de los jubilados del país, especialmente los que pertenecen al sistema de reparto y que resultan ser los que en mayoría tienen las más bajas rentas que se aprobaron en las condiciones vigentes, cuando la perspectiva estaba centrada en no más de un 70 por ciento y ya era mucho lograrlo, en relación al neto del valor salarial, eso explican quienes ahora demandan un incremento en las reducidas rentas que perciben.
Las medidas de presión que se ejecutaron complicaron realmente la actividad de los centros urbanos, el caso principalmente de la Sede de Gobierno, donde los bloqueos alteraron el tráfico vehicular y peatonal con grave incidencia en el desempeño rutinario de la gente en la urbe. Poco antes se desmovilizó una marcha que se cumplía en el tramo carretero entre Oruro y La Paz.
Promesas de autoridades y un compromiso del Primer Mandatario eliminaron las tensiones y postergaron el tratamiento para “después de las elecciones” y se neutralizó un problema que pudo complicar el proceso electoral, tratándose de protagonistas de la tercera edad, por lo mismo más vulnerables a serios problemas de salud y sus lógicos riesgos.
Pero el asunto pasó, la medida está en cuarto intermedio, las elecciones se realizaron con sus características especiales y los resultados se dejan esperar, claro que los números no reflejarán cuál fue la decisión del conglomerado de los jubilados, muy esperanzados en lograr la aprobación a sus planteamientos inmediatamente pasen los comicios.
Transcurre propiamente una semana del acto electoral y si bien hay que reconocer que las autoridades gubernamentales estuvieron concentradas en la evolución del recuento de votos en el TSE y los porcentajes más próximos a la expectativa política y ciudadana, el tratamiento de los problemas sociales, como el de los jubilados queda en statu quo por tiempo indefinido.
Lo último que ocurrió fue una madrugadora reunión, sin considerar la situación de la “cansada” generación que sin embargo estuvo puntual, seguramente por el insomnio que no permitió descansar correctamente a los dirigentes jubilados, pero sin más resultados que “tratar el asunto” más adelante, pero sin ninguna perspectiva que abra de manera práctica la posibilidad de considerar el pedido del sector de lograr el pago de un bono y un doble aguinaldo.
Para la autoridad económica de Gobierno, aceptar el planteamiento significaría una erogación de 92 millones de dólares del Tesoro General de la Nación, suma que estaría fuera del alcance financiero regular del Estado. Sin embargo los jubilados, a través de asesores, observan que “deberá implementarse una alternativa de recaudación” de ese u otro monto mayor para cubrir la necesidad perentoria de los rentistas, acudiendo al ingenio financiero de autoridades que obtienen recursos para cubrir otros gastos no precisamente de emergencia.
Se ha propuesto observar el caso de los carros “chutos”, no para dar paso a otra nacionalización, sino vía incautación y comercialización de esos vehículos, que por tratarse de miles, permitiría una recaudación no sólo para cubrir la demanda de los jubilados, sino también para otros gastos.
Pero se trata sólo de una sugerencia… la responsabilidad para atender a los jubilados es perentoria y su planteamiento formal se reactivará en cualquier momento, pues las limitaciones del sector no pueden persistir indefinidamente y prolongar del mismo modo una urgente solución humanitaria sectorial, tomando en cuenta que tarde o temprano todos serán jubilados, ojalá sin que persistan factores discriminativos.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.