La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su desacuerdo con el aporte del 6 por ciento de las utilidades que obtengan las entidades financieras para constituir el Fondo de Garantía, al considerarla como un desincentivo a la inversión y que, además, incrementa la carga impositiva y los aportes que deben realizar. Pese a ello, reconoció que sus afiliados cumplirán con la disposición por ser una norma promulgada por el Gobierno.
El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, manifestó que el aporte del 6 por ciento es una carga adicional, pues actualmente ya pagan el Impuesto a las Utilidades (IU) del 25 por ciento y una alícuota adicional del 12,5 por ciento del IU cuando las utilidades exceden el 13 por ciento, con lo que se tiene 37,5 por ciento de IU. A esto se suma el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME); el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos. El total del aporte tributario del sector financiero, incluido el 6 por ciento para el Fondo de Garantía, suma alrededor del 70 por ciento.
“Es por esta razón que la banca no está de acuerdo con la aplicación de esta tasa. Todos sabemos que los países requieren de una banca fortalecida que pueda apoyar el crecimiento en este caso del país y para eso es necesario contar con banca fuerte y patrimonialmente capaz de apoyar el crecimiento económico del país”, afirmó Villalobos y dijo que este aporte del 6 por ciento “constituye un desincentivo porque cualquier persona que hace una inversión en una actividad productiva y de servicios en el país mínimamente espera un rédito”.
En el marco de la Ley de Servicios Financieros, el gabinete de ministros aprobó los decretos 2136 y 2137, mediante los cuales dispone que la banca debe destinar el 6 por ciento de las utilidades generadas en la presente gestión para la constitución de Fondos de Garantía para créditos de vivienda de interés social y del sector productivo. Estos decretos están referidos a las utilidades que destinarán las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) para la función social, las cuales son independientes de los programas que actualmente ejecutan estas instituciones.
Villalobos expresó que antes de estos decretos las cuotas de pago del crédito eran determinadas por ejemplo sobre el 80 por ciento del valor de la vivienda y los montos eran menores porque había el compromiso de parte del prestatario de aportar con capital o una contraparte que podía ser del 20 por ciento. Este hecho cambiará porque el prestatario no colocaría esa contraparte y la evaluación sería sobre el 100 por ciento del valor del inmueble. Estimó que el fondo arrancaría entre febrero y marzo.
Fuente: La Paz, 9 (ANF).-
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