Nada más ni nada menos que siete ministerios “controlarán el agio y la especulación en precios de productos y servicios, con el fin de identificar a los responsables”. Así lo confirmaron autoridades de Gobierno al recordar que así lo establece el Reglamento de la Ley 453 de Defensa de los Derechos del Usuario que se aprobó el pasado miércoles.
A propósito del tema en nuestra anterior edición mencionamos lo que ocurre en el mercado orureño, con una especulación sin control que en los últimos días fue sentida por las amas de casa, preocupadas por el desfase que esa actitud generalizada en los comerciantes ocasiona en el equilibrio económico de la “desvalorizada canasta familiar”.
La actitud del Gobierno es una comprobación de que el proceso especulativo tiene incidencia nacional y que tal situación produce serios problemas en la economía familiar del país, pero con fuerte perjuicio en quienes dependen del sueldo básico que resulta irrisorio ante la escalada de precios en los productos de primera necesidad que son los que llenan “a medias” la canasta hogareña.
Las amas de casa que son las que perciben este flagrante atentado a la economía popular señalan, por lo menos en nuestro medio, que la elevación se produce de centavo en centavo, pero de forma generalizada en mercados y en los puestos y almacenes de abarrotes. Por lo que nos enteramos este asunto tiene connotaciones mayores en ciudades del eje central, incluyendo los súper y los micro mercados, que deben competir con el comercio de los centros populares de abasto, de modo que la cadena especulativa es generalizada.
La situación ha movido a las autoridades sectoriales a tomar medidas urgentes para frenar el daño a la economía familiar, pero además con el fin de evitar lógicas y justificadas reacciones de los sectores sociales que sienten de forma directa el impacto de la especulación.
Frente a ese hecho el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y sus similares de Desarrollo Productivo, de Economía, de Desarrollo Rural y Tierras, de Salud, de Educación y de Cultura serán las carteras oficiales que emprenderán acciones de prevención y control a los proveedores de productos y servicios que ocasionen el alza de precios.
Lo importante es que el Órgano Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley 453 General de Derechos de los Usuarios. La normativa instruye el control múltiple en los sectores de gremiales, comerciantes minoristas, restaurantes, hospedajes y otros proveedores de servicios que están considerados en el grupo de los no regulados.
El nuevo reglamento establece también que la comisión interministerial controlará el buen estado de los productos y alimentos y la oferta real de precios, las infracciones serán pasibles a drásticas sanciones.
La medida está aprobada y correspondería ahora implementarla a nivel nacional, de modo que autoridades regionales y en función a representatividad de los ministerios obligados a trabajar en este control, asuman responsabilidad para defender de manera práctica y segura, la economía de las familias bolivianas.
Claro está la medida que evitará agio y especulación no dice nada sobre la vigencia de “la libre oferta y demanda”, que es utilizada como un pretexto “legal” para imponer precios a gusto y sabor por quienes venden y otorgan servicios en el país. Hay necesidad de liquidar este resabio del DS 21060.
Fuente: LA PATRIA
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