Aprovechando el rodillo parlamentario en el Congreso Nacional, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó la Ley Transitoria del Poder Judicial, desconociendo la vigencia del Art. 182 de la Constitución Política del Estado, referido al Tribunal Supremo de Justicia que afirma: "Los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia, ser elegidos mediante el sufragio universal", el presidente Evo Morales designó a dedo y posesionó el pasado jueves 18 de febrero, en la ciudad de Sucre a nuevas autoridades judiciales interinas a 18 en total, de estas 13 con la siguiente distribución: cinco para cubrir el Tribunal Constitucional; cinco en la Corte Suprema de Justicia y tres en el Consejo de la Judicatura.
Las designaciones, según el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, eran para evitar vacíos legales que perjudican al pueblo, explicando que los nombramientos tienen el sello de interinatos y en consulta con los colegios de abogados, aunque este afirmación rechazaron profesionales que dirigen esas instituciones.
El presidente Morales, durante la posesión de esas autoridades, cuya mayoría juraron con la señal de la cruz y, otros tocándose el ombligo, dijo que los nombramientos hizo después de analizar la capacidad, idoneidad y conciencia social de cada uno, pero olvidó el pasado oscuro de Lindo Fernández Chile, abogado orureño que transitó por varios partidos políticos, entre ellos "Podemos" que estuvo liderado por Jorge "Tuto" Quiroga.
Fernández Chile besó la mano para ser incorporado en la Asamblea Constituyente en representación de ese partido; más tarde lo engañó para coquetear con el MAS y el jefe máximo Evo Morales con su acostumbrada práctica del transfugio y falto de ética, convirtiéndose en enemigo de la democracia porque fue uno de los constituyentes que pisotearon la Ley de Convocatoria a la Asamblea encargada de redactar el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado, siendo voz y acción para que las deliberaciones, primero, fueran tratadas en un cuartel militar de la ciudad de Sucre; posteriormente en Oruro para aprobar en tiempo récord de un día.
La actitud antiética de Fernández Chile, sumado a la falta de idoneidad, capacidad profesional y conciencia social, le abrió camino para ganar el cargo importante en el Consejo de la Judicatura rogándole a Evo Morales como forma de cobrar réditos por su actitud oscura como Constituyente, para ganar algo más de 10 mil bolivianos mensuales, cuando su bufete se encontraba vacío de litigantes. Bueno, su nuevo cargo que es premio al transfugio abre la pregunta: ¿Aliado al MAS podrá cumplir con honestidad y ecuanimidad el proceso de la administración de justicia?
Nuestro presidente Morales tiene ahora piedra libre para manejar los tres poderes del Estado Plurinacional, por eso ante esta coyuntura, organismos de seguridad redactaron listas con más de 25 ciudadanos, entre ellos ex autoridades, dirigentes cívicos, empresarios privados y ex parlamentarios de la reciente pasada gestión, para ser sometidos a juicios por diversos supuestos delitos como alzamiento en armas, apoyo a terroristas, intentos separatistas y otras acciones, teniendo la sartén en la mano y con magistrados designados a dedo, aunque la opinión sensata espera la imposición de una verdadera justicia.
Es evidente que, desde siempre, en nuestro país la justicia estuvo en manos de políticos, porque el Poder Judicial ha sido conformado con “abierto cuoteo político” de partidos que conformaban el Congreso Nacional. Hoy, el Gobierno no necesitó de esa práctica; pero, designó a autoridades judiciales rompiendo un Artículo que contempla la actual Constitución, aunque para esa operación haya sido emitida la denominada Ley transitoria con el rodillo congresal.
(*) Periodista
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