Las diferentes Constituciones Políticas que ha tenido el país, siempre han tenido el cuidado de recomendar la independencia de los poderes del Estado, mientras que en la práctica, y obedeciendo a los mismos documentos, el Poder Ejecutivo ha sido nombrado por el Legislativo que, también tuvo la responsabilidad de nominar a los miembros del Poder Judicial. Los miembros de esos dos poderes le debían el favor al Legislativo, donde se hicieron grandes negocios por la venta de votos, para elegir y cobrar posteriormente las facturas, disponiendo de cargos para parientes en el aparato estatal. Entonces ¿de qué independencia de poderes se habla? La oposición no puede ser tal si no se opone, aunque sin razón, quizá solo por molestar con jota, argumentando el incumplimiento los contenidos de la Carta Magna, que en la práctica no cumplen ni oficialistas ni opositores.
En estas cuatro décadas y fracción que vengo ejerciendo el oficio del periodismo, en periódicos, radiodifusoras y televisión, en épocas de gobiernos constitucionales y de facto, los poderes del Estado han sido manipulados para conveniencia de los gobernantes de turno.
Revisando muy rápidamente los últimos sesenta años de vida republicana, no encontramos una etapa en que los poderes del Estado hayan funcionado como independientes, y tampoco solo fueron dependientes, sino que trabajaron en complicidad, por pagar las facturas de nombramientos, por gratitud y complicidad en los desastres del manejo del aparato estatal.
Cuando en 1952, asume el mando el primer gobierno del MNR, no funciona el Poder Legislativo. Y cuando en 1956, estrenando la Ley del Voto Universal, sube el segundo gobierno del MNR que venció la contienda electoral con el 90 % de votos a favor, diputados y senadores trabajaron como la caja de resonancia del poder ejecutivo, organizando el Poder Judicial con profesionales abogados afines al MNR. ¿De qué independencia de poderes se pudo hablar en aquellos años?
En 1964 cae el MNR por traición y golpe de Estado, encabezado por el general René Barrientos Ortuño. El Poder Ejecutivo se hace bicéfalo con las cabezas e inteligencias de los generales Barrientos y Ovando Candia, por tanto no necesitan del Poder Legislativo y cierran las puertas del Loreto. Se impone la disciplina militar y los ministros obedecen a las órdenes de servicio de los dos presidentes, como se hace en los cuarteles.
Se protagoniza un cambio de guardia en palacio, utilizando la maquinita electoral patentada por el fraudulento MNR, esta vez utilizando la papeleta verde para constitucionalizar el gobierno de René Barrientos Ortuño. El Poder Legislativo es sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, no dice palabra alguna sobre el manejo de recursos del Estado desde los bolsillos del Presidente, para sobornar a los dirigentes gremiales, organizar fiestas campesinas. Se promulga la ley para aplicar una nueva constitución, aprobada por el Legislativo con mayoría oficialista. En este nuevo documento vuelve a sostenerse que los Poderes del Estado son Independientes, teniendo en la práctica el funcionamiento de Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumpliendo con obediencia y disciplina, las órdenes del General.
Al retornar a la vida democrática en 1982, El Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo, candidato de la UDP, alianza MNRI – MIR, es prisionero del Legislativo, donde tenía mayoría el MNR de Víctor Paz, hasta lograr que el Primer Mandatario convoque a elecciones, antes de cumplir su periodo. El Poder Judicial guardó silencio sepulcral, frente al desastre, actuando como cómplice del legislativo.
Desde 1985 gobiernan partidos con diferentes siglas, todos con la consigna neoliberal y observando disciplinadamente turnos de sucesión en el mando presidencial, con el padrinazgo de senadores y diputados, negociantes de la democracia. Es entonces que por los pasillos del Loreto, pasa el maletín de los sobornos, financiados por los aportes laborales de los empleados públicos a la Caja de Seguridad Social y que quedan a libre disposición de los Ministerios de Gobierno, para aprobar o reprobar un proyecto. Desde Víctor Paz que asume en 1985, hasta el segundo periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, ningún presidente logró la mayoría para asumir directamente el mando, y para ser elegido, por disposición constitucional, el Poder Legislativo asumió la responsabilidad encumbrando a Paz Estenssoro, Jaime Paz, Goni Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez.
¿Cómo puede ser un Poder Ejecutivo independiente del Legislativo que le ha entregado el mando, sin la mayoría del pueblo? ¿Y acaso los vocales de la Suprema y de las Corte de Distrito no asumían sus responsabilidades, nombrados por senadores y diputados muy bien sobornados?
Las disposiciones de la Ley Corta del actual régimen, es algo más sincero y directo, ante las acefalías dentro del Poder Judicial, porque los partidos de oposición sabotearon los nombramientos, pretendiendo cargos en la judicatura para sus militantes, como era siempre costumbre. La mencionada Ley es corta porque debe tener vigencia por un año, diríamos que es ley de emergencia. Hay que esperar que al cumplirse el plazo, el pueblo pueda elegir a los miembros del Poder Judicial. Se habla claro ¡el pueblo!, porque si volvemos a la vieja usanza de que sea el Poder Legislativo, y tomando en cuenta que actualmente, en diputados y senadores tiene mayoría el partido de gobierno, en el plazo de un año tendríamos un Poder Judicial con abogados sólo del MAS y nada más.
(*) Periodista
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