De los feos cantos de sirena del régimen plurinacional

Entre las demandas que, el año 2003, un sector obcecado de la población en Bolivia planteaba o mejor exigía al gobierno constitucional de turno, democráticamente electo y que obtuvo la mayoría de los sufragios en el país, se encontraba la instalación, de hecho, de una Asamblea Constituyente, figura no prevista en la Constitución entonces vigente.

Por ende dicho sector incendiario, levantisco y subversivo, tentaba pasar por encima de la Carta, patrimonio de todos los bolivianos, e imponer su voluntad o su capricho. Una minoría sediciosa en contra de la mayoría de los bolivianos que por entonces estaban ocupados en sus actividades cotidianas. Acaso ocho mil contra ocho millones de bolivianos. Entre aquellos se encontraban, naturalmente, los que pretendían que “el gas no se vende”, los que manifestaban “Goni si quieres plata vende a tu mujer”, mejor dicho todos los sediciosos hoy en la más absoluta impunidad merced a un decreto proferido por un gobernante a quien, por ahora, conviene no recordar.

Decíase que había que “incluir” a los “indígenas” porque en la anterior Carta estaban excluidos. Falso. Los “indígenas” o “no indígenas” estaban incluidos desde la primera Constitución Boliviana, la de 1826, que al respecto establecía: “Artículo Iº. La Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos”. ¿Acaso los “indígenas” no son bolivianos? Aunque Felipe Quispe reniegue de este gentilicio y así haya propiciado, en coincidencia con Evo Morales, la subversión de septiembre-octubre de 2003, los “indígenas” como algunos llaman a los indios bolivianos lo son y lo han sido en los momentos más difíciles de la Nación.

No sólo que estaban incluidos, si no que fue decisiva su actuación, ora en la primera magistratura del Estado como Andrés de Santa Cruz y Calahumana, el “Cóndor Indio”, como tituló la obra que de él se ocupa ese grande de la biografía que fue Alfonso Crespo Rodas; ora en las huestes que defendieron el patrimonio territorial en las más grandes jornadas que enfrentó Bolivia.

Cabe recordar, a guisa de anécdota, que un individuo de apellido Mamani estuvo entre quienes suscribieron el D. S. 21060, en agosto de 1985; o que el vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso de ese gobierno que tuvo el país, el primero de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), fue un boliviano de ancestro aimara apellidado originariamente Choquehuanca y mediante algunos trámites –no decimos propiciados por él– Cárdenas, Víctor Hugo Cárdenas (Solíz Rada, Andrés. “La Fortuna del Presidente”). De ninguna manera es nuestro propósito ocuparnos de los apellidos de las gentes, empero los cantos de sirena del régimen plurinacional nos impele a realizar estas precisiones incluso anecdóticas.

Primer pseudo motivo o sea la “inclusión”, falso. Pasemos al otro, la “nacionalización” de los hidrocarburos.

Ya la Constitución de 1967 establecía al respecto: “Artículo 139.- Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La explotación exploración, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponde al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas, o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a ley”.

Lo que pasa es que se hicieron negocios, como hoy mismo se hacen negocios porque los hidrocarburos están ciertamente ahí para, también, hacer negocios, o sean contratos, etc. Hoy mismo se hacen dichos negocios a través de contratos con Brasil o Argentina. Los negocios pueden estar para vender, explorar, comercializar, transportar, etc. Simples negocios de acuerdo a las circunstancias comerciales del momento. Más, la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en Bolivia jamás fue transferida, a ningún título, a persona natural o jurídica alguna. Luego, lo prohibía la Constitución de 1967, así como consagraba la propiedad del Estado boliviano en dichos yacimientos.

Queda así descartado el otro pseudo motivo de erigir una Asamblea Constituyente.

¿Qué nos dejó, pues, el proceso constituyente que abarcó desde agosto de 2006 hasta febrero de 2009 con la promulgación de la Ley Fundamental hoy vigente en el país? Además –sólo por dar una muestra– de tres muertos en Chuquisaca, en noviembre de 2007, nos dejó un acuerdo para superar el caos, la efusión de sangre y la casi destrucción de Bolivia. Dicho acuerdo tenía como uno de sus pilares fundamentales la no segunda reelección del Presidente Evo Morales y del Vicepresidente Álvaro García Linera, a la que ahora y en octubre de éste año de 2014 pretenden acceder. Lo declaró Carlos Romero, miembro de la Comisión Especial del Honorable Congreso Nacional en su calidad de representante del Poder Ejecutivo como ministro de Estado. Comisión que legítima, legal y constitucionalmente ajustó, en octubre del 2008, el Proyecto de Constitución de la Asamblea Constituyente, para superar dicha crisis. Carlos Romero declaró durante el primer mandato de Evo Morales y Álvaro García Linera: “Acerca de la reelección presidencial se acordó contabilizar el actual periodo constitucional.” (Romero Bonifaz, Carlos. “Bolivia: de la confrontación al pacto político”. En: “Del conflicto al diálogo. Memorias del acuerdo constitucional”. Romero, Carlos; Böhrt Irahola, Carlos; Peñaranda, Raúl. FES-ILDIS y fBDM. Primera edición: marzo de 2009. P, 29.