Está plenamente vigente el Decreto Supremo (D.S) 28761 que restringe la importación de ropa de “segunda mano”, también denominada “prendería usada” e inclusive reconocida como “ropa américana”, de todos modos se trata de material que ha inundado algunos mercados, ocupa centenares de puestos callejeros, otros en galerías especializadas y según 350 mil comerciantes permite por su efecto multiplicador la supervivencia de un millón de personas en función de por lo menos tres miembros en cada familia que viven de ese negocio, por lo que solicitan la abrogación del D.S. restrictivo.
Se han anunciado medidas de presión, generalmente marchas y bloqueos pero con la participación de enormes contingentes de comerciantes ropavejeros que pueden concentrarse en la Sede de Gobierno, en otro conflicto muy serio para la administración gubernamental.
En realidad lo que plantean los comerciantes de prendería usada es que de manera oficial se elimine la prohibición de importar esa mercadería, porque en los hechos centenares de fardos de ropa usada llegan a los mercados de casi todas las ciudades y principalmente a Oruro por la vía ilegal del contrabando a tal punto que con el D.S. vigente la cantidad de ropa usada en venta se ha incrementado en el último tiempo.
Pero por supuesto y hay que justificar responsabilidades asignadas a la Aduana por lo que de vez en cuando se hace operativos y se decomisa centenares de fardos de prendería usada que por lo menos en los datos oficiales ya no devuelve, ni con trámites de regularización o pago de impuestos y multas, tampoco se pone en remate, por sus características esa mercadería es inutilizada picada y vendida luego a cierta industria que la convierte en otro tipo de producto de legal uso y circulación.
El anuncio del movimiento de los “ropavejeros” se da también en un tiempo muy especial previo a las elecciones del 12 de octubre a menos de un mes de ese acontecimiento cívico en el país. Para el gobierno se trata de una presión particularizada y alentada con fines de presión y como lo dijo un político oficialista, se trata de un chantaje para poner en juego votos que sumen al candidato del partido gobernante o…se vayan a cualquiera de los opositores.
Por lo mismo se trata de un momento especial y de una coyuntura que los ropavejeros pueden aprovechar, dependiendo de cómo encaran sus actitudes al plantear la abrogación del D.S. 28761 que prohíbe importar la ropa usada.
En este caso es impredecible lo que suceda tras las medidas de presión si se dan, ocasionando alteraciones perjudiciales que afecten el orden público y la reacción que asuman las autoridades para negociar o simplemente ratificar su decisión de mantener el D.S. y más bien disponer un mayor control y abierta represión al contrabando de la ropa de segunda mano.
Si no pasa nada y los ropavejeros se “tranquilizan”, hay que suponer que ha existido una buena persuasión o simplemente se evitan conflictos que en la práctica generan mala imagen de la estabilidad y seguridad ciudadana, justo en un periodo en el que cualquier reclamo será postergado en su tratamiento hasta después de las elecciones.
El juego de compulsa en materia de votación ya no servirá pasada la elección, porque entonces muy difícilmente los sectores conflictivos podrán asegurar que sumaron o restaron votos a favor de algún candidato. El arreglo llegará luego con sentido legal o bajo desmedida presión, pero ya es otro cantar.
Fuente: LA PATRIA
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