El Ministerio de Gobierno, donde se realizan los trámites para obtener una licencia de operaciones que legalice el funcionamiento de “empresas de seguridad privada”, informó recientemente que existen más de doscientas solicitudes de interesados en todo el país y de estas sólo 26 avanzaron pero no concluyeron sus trámites, por lo mismo que actualmente no hay ni una sola empresa privada de vigilancia que opere legalmente.
Desde septiembre del 2013 rige una disposición que tiene un reglamento complementario a la primera norma sobre otorgación de permisos a empresas privadas de seguridad que prestan servicios de vigilancia, seguridad física, transporte de valores, vigilancia con equipos electrónicos y otros afines al cuidado de bienes (inmuebles, negocios, vehículos) o personas y que en la actualidad trabajan en casi todas las ciudades, aún sin tener autorización.
La legalidad y seguridad que deben prestar este tipo de empresas y la necesaria garantía con que se desempeñan sus funcionarios ha sido objeto de serios cuestionamientos después de un lamentable hecho delictivo que se produjo en Santa Cruz y cuyo responsable resultó ser un vigilante privado.
Por lo que se sabe los interesados en regularizar el funcionamiento de sus empresas de seguridad comienzan sus trámites en el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev) que evalúa en primera instancia los legajos de documentos para pasarlos luego al Ministerio de Gobierno donde se concreta la autorización. Se mencionó que hasta la semana pasada ocho trámites se encontraban en fase final, aunque también se aclaró que serían 26 las carpetas en poder del Ministerio.
La situación realmente es extremadamente preocupante pues en muchos casos empresas privadas han contratado servicio de vigilancia particular, el caso de algunos negocios como supermercados, restaurantes, almacenes y algunas oficinas de servicios, donde se observa a uniformados que hacen una discreta tarea de vigilancia, pero por lo visto sin ninguna licencia que garantice sus operaciones.
Un cuadro de trámites por regiones, establece que Santa Cruz es la ciudad donde estarían funcionando 70 empresas de seguridad privada y de éstas sólo 4 están en trámite; en La Paz hay 50 empresas y 12 gestionan licencia; en Cochabamba 27 son las empresas y 7 están en proceso de trámite. En el caso específico de Oruro, se menciona la existencia de 9 empresas, pero lo que llama la atención es que ninguna estaría con trámites adelantados, situación similar que existe en Sucre, Pando y Beni.
Por reclamos de algunos propietarios o ejecutivos de empresas de vigilancia privada, se sabe que los trámites son sumamente engorrosos y es prolongado el tiempo de las gestiones que deben cumplirse, pese a que en varios casos ya se han otorgado licencias provisionales y hay algunas a las que inclusive se las notificó sobre la conclusión satisfactoria de sus trámites.
Dadas las circunstancias que se presentan cotidianamente y las restricciones propias del organismo policial, pese a que cuenta con una Unidad de Seguridad Física y personal que se ocupa de control en entidades financieras, hay quienes señalan que resulta un aporte interesante el de las empresas privadas de seguridad, pero éstas deberían tener la respectiva autorización de autoridad superior que garantice sus servicios, que en la práctica tienen que ver con la vida de personas y el cuidado de la integridad física de bienes.
Se espera que se aclare el panorama sobre los trámites de empresas de seguridad privada, tratándose de servicios que, valga la redundancia, resultan responsables de la seguridad de vidas y bienes.
Fuente: LA PATRIA
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