Luego de varias acciones que realizaron los jubilados en el país, especialmente los que pertenecen al sistema de reparto y ante la negativa gubernamental a buscar soluciones prácticas y efectivas a la solicitud de los extrabajadores activos y ahora dependientes de sus rentas, cada vez menos efectivas en función a una reconocida pérdida de su valor adquisitivo, han resuelto realizar una extrema medida de marchar muchos kilómetros hasta llegar a la sede de gobierno, para reiterar su pedido de un bono extraordinario que nivele las reducidas rentas que perciben.
El planteamiento de un bono de 3.000 bolivianos y el doble aguinaldo, ha sido objeto de una serie de negociaciones con el Ministro de Finanzas, pero la respuesta oficial es que “el Estado no tiene la capacidad suficiente para cubrir una obligación mayor a los 92 millones de dólares que debería descargarse del Tesoro General de la Nación”.
Otra serie de argumentos han sido utilizados por diferentes autoridades, como el acuerdo que firmaron dirigentes de los jubilados precisamente cuando hace tiempo iniciaban justamente una marcha hacia La Paz, sin embargo, se explicó que ese convenio permitió evidentemente un incremento en rentas, pero quedó “neutralizado” por las condiciones sociales vigentes a favor del sector de trabajadores activos, los del servicio público y de las empresas por ejemplo con la concesión del doble aguinaldo, beneficio en que no se incluyó a los jubilados.
Hay un aspecto que no se quiere reconocer y es que el sistema de reparto sufrió una contingencia “técnica” cuando se instauró el sistema de ahorro individual conocido como la AFP, que eliminó a muchos de los jubilados del sistema antiguo, la disminución de sus rentas debido al perverso proceso de la paralela reducción de sus cotizaciones, un hecho insólito que no fue remediado en su tiempo, aunque se advirtió entonces que “las consecuencias para miles de extrabajadores se sentirían en los años posteriores”, precisamente en el tiempo actual, en que muchas rentas han quedado calificadas como irrisorias porque no tuvieron, ni tienen una compensación paralela a los factores de inflación y los porcentajes de incremento salarial para el sector activo.
Indudablemente que se han producido varios incrementos que reconocen los jubilados, pero que al mismo tiempo no están equiparados a los beneficios de un nuevo sistema en que algunos jubilados alcanzaron esa condición con valores evidentemente excepcionales. Se reclamó la aplicación de incremento en las rentas por el sistema “inversamente proporcional”, ese que beneficia más a los que menos rentas reciben, empero por lo observado las diferencias vigentes son una muestra de que es latente el perjuicio para un conglomerado de los jubilados del sistema de reparto.
Otra motivación especial que induce a los jubilados a presionar con medidas extremas, es la respuesta a “justificaciones oficiales” cuando las autoridades señalan que “los recursos son más productivos si se destinan a hospitales, carreteras u otros proyectos de inversión”, con lo que los jubilados están de pleno acuerdo, pero enfatizan en que hay otros gastos que se hacen con los dineros del pueblo y no tienen fines sociales, siendo definidos como un “despilfarro político”, que pudo tener un sentido de orden verdaderamente solidario en beneficio de quienes tienen una limitada jubilación.
Se ha llegado a una extrema situación de riesgo y es el anuncio de una marcha de los jubilados en un objetivo de alto sacrificio que pone en riesgo la salud de esa gente que desea un trato más equitativo en el valor de sus rentas. Es un caso que merece una atención “particularizada”, que quiérase o no servirá a los futuros jubilados.
Fuente: LA PATRIA
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