No hay una cifra oficialmente establecida pero se habla de la existencia de por lo menos unos 50 mil coches ilegales que están en el territorio y cuyos dueños están tratando de lograr una amnistía tributaria, para “nacionalizarlos”, eso significa legalizar su procedencia ilegal y convertir el delito en una coyuntura favorable al interés de transgresores de disposiciones vigentes.
El hecho tiene una connotación especial de “oportunidad”, pues se da en un periodo electoral, del que por lo visto quieren sacar ventaja los comerciantes mayoristas del contrabando de carros “chutos”, esperanzados en lograr una medida “política” presionando al gobierno a disponer una nueva nacionalización de vehículos indocumentados, pese a la existencia de un disposición muy concreta que impide repetir la operación que se efectuó hace tiempo atrás y permitió “documentar” miles de vehículos sin documentos.
Los propietarios de los carros chutos, para defender su posición y sus capitales, se han organizado gremialmente y ahora defienden derechos expectaticios al considerar que los miles de coches indocumentados “ya están en el parque automotor” nacional y no pueden ser retirados causando fuertes pérdidas a quienes adquirieron parte de esas movilidades para fines de trabajo, de manera especial, aseguran, en poblaciones rurales.
De momento las autoridades superiores de Gobierno se mantienen firmes en su posición de combatir el contrabando de vehículos, decomisar los que sean detectados sin papeles y más adelante se procederá como señala la norma al indicar que los “carros ilegales pasarán a propiedad del Estado”.
Frente a la enérgica posición de las autoridades los contrabandistas asumieron defensa de sus carros, disponiendo movilizaciones y el bloqueo de carreteras, generando una abierta molestia en la población por los perjuicios que tales medidas causan a la comunidad.
La Policía obedeciendo órdenes superiores ha procedido a “levantar bloqueos” pero además a la detención de más de diez propietarios de “chutos”, entre esos algunos dirigentes de la organización gremial, que fueron arrestados en un recinto carcelario preventivamente.
El ministro de Gobierno hizo una revelación importante al indicar que “detrás de las movilizaciones de los dueños de vehículos indocumentados se encuentran grandes contrabandistas y comerciantes de autos ilegales”. Censuró las medidas de presión y exhortó a “gente humilde que no caiga en el negocio ilegal” de comprar carros sin papeles.
El hecho actualmente es realmente conflictivo, se trata de una gran cantidad de motorizados que “físicamente” están en el país, se cuentan por miles y la Aduana con cooperación de fuerzas policiales y militares ha logrado incautar algo más de 250 coches ilegales.
El Gobierno, reiteró que no habrá nueva amnistía y aseguró que habrá acción frontal contra los contrabandistas de carros chutos, sancionando severamente a quiénes infringieron las prohibiciones vigentes y a quienes están causando daño a gente humilde, pero también alterando el orden constituido y la paz ciudadana.
Una gran interrogante flota en el ambiente y es que, en este ingreso de carros de todo tipo, incluyendo algunos de lujo, y el cálculo de que podrían ser 50 mil que es una cifra alarmante, alguien tiene que saber que sucedió, pues no se trata de mercadería que puede ingresar como “contrabando hormiga”, son motorizados que tampoco se hicieron invisibles y sin embargo ya están en nuestras ciudades y poblaciones rurales.
La adopción de drásticas medidas contra los “chuteros” tendrá efecto en un mínimo porcentaje de la ilegalidad ¿qué pasará con el resto y además con quienes descuidaron sus tareas de control y lucha contra el contrabando?
Fuente: LA PATRIA
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