El Estado de la justicia en Bolivia

“En un Estado donde todo se concentra en el Órgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno… al margen de las reglas democráticas que suponen el Estado Constitucional de Derecho, no puede haber un poder Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido” afirma el abogado constitucionalista William Herrera Añez. En un exhaustivo estudio sobre el tema del título, el autor señala que “La crisis de la justicia en Bolivia, es una crisis del Estado Plurinacional… un reflejo de la fragilidad del Estado y de la profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación del Órgano Judicial, así como su creciente déficit de legitimidad…”

Si antes la justicia funcionaba coja y mal, nunca tanto como hoy, hecho que reconoce hasta el propio jefe del régimen, presidente-candidato Evo Morales. “Él ostenta la jefatura del partido en función de gobierno, y de hecho se torna en el principio y el fin de la causa partidaria”, apunta Herrera. En la Bolivia de Morales, gobierno y Estado son ya un concepto unívoco, pese a sus diferencias de tiempo y contenido, al que superponen también el partido que pretenden único: el Movimiento al Socialismo (MAS). En el actual Estado boliviano, se identifica “al Presidente con la del caudillo… agudizado por la personalidad del mandatario y por la tradición autoritaria que aun prevalece”, sostiene el autor.

El estudio censura las decisiones políticas que permitieron la suspensión de autoridades “elegidas democráticamente a simple imputación fiscal”. Y aunque luego la medida fue declarada inconstitucional, la mayoría de los alcaldes y opositores ya habían sido víctimas de esas “guillotinas judiciales”, destituidos de sus puestos y reemplazados por militantes del oficialismo. En ese orden Herrera afirma que “La sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza la reelección del Presidente y del Vicepresidente, es una decisión judicial que degrada no solo el sistema político porque impide la alternabilidad democrática, sino que también permite la reproducción del centralismo, el abuso de poder, la corrupción, la pobreza... que son los causantes de los grandes problemas estructurales del país.”

Sobre el problemático acceso a la justicia, el autor detalla las dificultades que conllevan porque ahí “confluyen una dimensión propia del campo jurídico, un desarrollo histórico de esa noción que tiene que ver con el modelo de Estado y las ciencias políticas, por cuanto el Órgano Judicial tiene una dimensión política cuando en sus relaciones trata de la distribución del poder.”

Algunas pruebas de in-justicia

En Bolivia la justicia no es ciega: mira con ojos bien abiertos, como un depredador que acecha a su presa para “aplastar” mejor a sus adversarios políticos, como dice el Vice. Esas acciones han producido la judicialización de la política, con cientos de perseguidos, presos y más de 700 exiliados por delitos fraguados. El complot con carátula judicial de terrorismo-separatismo para destruir a la oposición autonomista del Oriente es una prueba fehaciente de politización de la justicia, desde hace más de cinco años en un juicio atiborrado de aberraciones jurídicas que viola los Derechos Humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia de 39 imputados. Las declaraciones de exautoridades del Ministerio de Gobierno, hoy presos por extorsión y un otrora poderoso fiscal, refugiado en Brasil, reconfirman las sospechas: todo fue urdido desde las más altas esferas del régimen, bajo coordinación directa de Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera. Los hoy presos denuncian que existe un “gabinete jurídico” con control total sobre jueces y fiscales, como “instrumento de intervención y sometimiento de la justicia”, afirman.

La verdad inocultable es que un comando de élite de la Policía asesinó con premeditación y alevosía a tres personas: Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro, y Michael Dwyer, irlandés, para callar la verdad. El comando de élite se llevó a La Paz a dos supervivientes: el boliviano-croata Mario Tadic Astorga y a otro húngaro, Elod Toaso, presos hasta hoy, desde aquel asalto del 16 de abril de 2009. Otros 3 integrantes, pero todos excombatientes de la Guerra de los Balcanes, salieron del país días antes. Fue el único acto de terrorismo, terrorismo de Estado. Como el montado en Porvenir, en el departamento Pando; como la represión en Chaparina, contra la IX Marcha Indígena para impedir la carretera en el Territorio Indígena del Parque Nacional “Isiboro Sécure” (Tipnis) en Beni; como en Yacuiba, en la Guardia y otros lugares de la geografía boliviana. “Aplastar” al adversario por cualquier medio.

El régimen socapa a los autores intelectuales y materiales, hasta hoy impunes, para que no se sepa el oscuro trasfondo de todos esos casos. Autorías de la que no se salva el jefe del régimen Evo Morales, pues en el asesinato extrajudicial de 2009, en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, el asumió que dio la orden pues intentaban asesinarlo a él. Lo dijo en Cumaná, Venezuela, a tempranas horas del mismo 16 de abril. Está grabado y registrado.

Si la justicia está cooptada por el poder político autocrático, de suyo autoritario, represivo sin alternabilidad política, continuista “para toda la vida”, ambos están carcomidos por la ausencia de institucionalidad democrática por la impunidad y por la corrupción. Es el resultado de paso “Del Estado Republicano al Estado Plurinacional” como bien apunta Herrera Añez.

Tomado de hoybolivia.com