En el último tiempo se trata de establecer claramente las responsabilidades que en un Estado democrático deben desempeñar tanto el Estado como el sector privado, para que el resultado de una acción conjunta sea de beneficio colectivo en función de un crecimiento delineado, ejecutado y evaluado en su instancia de mejorar la política social que mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Algo que merece un acuerdo de partes, es el establecimiento de políticas sociales compartidas desde los lineamientos del Estado y coordinadas en busca del mejor objetivo por el empresariado nacional, todo en un conjunto de tareas que permita encontrar un equilibrio de aportes y responsabilidades entre los actores directos del los proyectos de desarrollo.
Para el Estado figura como factor imprescindible ajustar las condiciones en que se desempeñen los privados en un proceso de crecimiento con equidad que al mismo tiempo permita un estímulo para el empresariado con la aplicación de normas que garanticen, valga la redundancia, la práctica de una plena seguridad jurídica.
Este proceso significará la posibilidad de generar mayores emprendimientos que traducidos socialmente significa más fuentes de empleo con salarios dignos y posibilidades de actividad pacífica, sin conflictos y con perspectivas de mayor crecimiento en las familias bolivianas que serán receptoras del beneficio compartido en las políticas de crecimiento.
El Estado en su rol especial tiene la responsabilidad de “rayar la cancha” para que el juego limpio se desarrolle en límites de comprensión, que siendo producto de acuerdos regulares permita garantizar emprendimientos de orden industrial y comercial, sin que exista competencia productiva y más bien se logre complementar algunos proyectos de producción masiva que amplíen las condiciones de producción y de exportación de bienes y hasta de servicios.
La situación actual, observada desde una posición absolutamente técnica, muestra un desfase entre las condiciones de equidad y la aplicación de normas que permitan el crecimiento económico del país en condiciones favorables para quienes aportan en un régimen establecido y actualmente rígido en su aplicación con quienes cumplen requisitos de legalidad, pero flexible con un contingente de enorme participación ciudadana que funciona en la informalidad y lo que es peor, es parte de una millonaria evasión impositiva.
Este hecho que muestra la desigualdad de aplicación normativa en materia impositiva para el pago de tributos merece un tratamiento especial en las altas esferas de la administración estatal, de modo que eliminando las condiciones de adversidad y ampliando las opciones de incorporación paulatina de los informales a los regímenes regulares tributarios, se podría mejorar de manera práctica el tan deseado crecimiento con equidad.
Los empresarios aseguran no rehuir sus responsabilidades de contribuir al desarrollo del sistema productivo, disponiendo capitales, asumiendo planes de modernización de empresas, manteniendo contribuciones sociales con los trabajadores y mediante sus impuestos con el Estado, pero reclamando al mismo tiempo el cumplimiento de normas que garanticen el respeto a la propiedad privada, de modo que la generación de empleos pueda ser efectivamente un avance en el mejoramiento de las condiciones de vida de más bolivianos, con trabajo seguro y con actividad formal.
En el país estamos viviendo un proceso electoral con la oferta variada de “paquetes sociales”, aunque no plena y abiertamente expuestos por lo que se demanda al organismo electoral la necesidad de abrir todos los espacios posibles para que la mayoría de bolivianos pueda enterarse de los roles que están siendo ofertados para establecer el crecimiento nacional.
Fuente: LA PATRIA
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