Si aceptáramos el proverbial aforismo popular, de dejar que “en el camino se acomode la carga al espacio disponible”, para la “implementación” de los más de 400 artículos de la nueva Constitución Política del Estado, estaríamos recurriendo a un “mea culpa” que no podrá liberarnos de nuestra responsabilidad por su aprobación en referéndum y, por supuesto que la historia, si todavía existimos, nos señalará con el dedo toda la culpabilidad del error cometido en nuestro tiempo y que nos arrastra hacia un embrollo jurídico - político del cual difícilmente podremos salir sin sufrir, como nación, las más graves consecuencias de nuestra desinformación.
Lo que ocurre con la Nueva Constitución , es que introduce una serie de conceptos jurídico - políticos para desterrar de Bolivia, el pasado “Estado colonial, republicano y neoliberal” y promover una redistribución política del espacio geográfico al incorporar cuatro categorías de Estado Autonómico, pero fundamentalmente, divide a la Nación Boliviana en 36 naciones indígena, originario campesina con la suprema potestad de auto gobernarse bajo principios de la autodeterminación de los pueblos con similar rango de autoridad con relación al Gobierno Central.
En esencia, la República de Bolivia deja de existir para dar paso al “Estado Plurinacional”, con bases sólidas que podrían facilitar hacia el futuro, una nueva estructura en su territorio, un Estado Federal primitivo basado en principios y normas que rigen “la libre determinación de los pueblos”, con una suerte de contradicciones respecto a la jerarquía de los órganos nacionales y los complejos sistemas de administración que establezcan las autonomías departamental, regional, municipal y sobre todo, lo que significaría la administración de las unidades territoriales indígena originario campesino, cuando se trata de definir — por ejemplo— la ejecución de proyectos vinculados con los recursos naturales renovables y no renovables.
Esta esencia constitucional, contradice al espíritu presidencialista de la misma CPE, que delimita las atribuciones y competencias de los cuatro Organos del Estado, en especial, en lo que hace al Ejecutivo compuesto por el Presidente, Vicepresidente y Ministros de Estado (Arts. 172 y 165). Pero, además, el poder presidencialista erradica toda forma de independencia de los poderes del Estado (órganos), a partir de la centralización en Palacio de Gobierno a los presidentes del ejecutivo y de la Asamblea plurinacional que, en el proceso de nominación y elección de autoridades, controlan inclusive las elecciones de autoridades de los órganos Judicial y Electoral.
El preámbulo de la nueva CPE, de hecho, nos está advirtiendo sobre los objetivos trazados para la estructuración del nuevo orden político, donde se advierte una contradicción doctrinal en cuanto a la definición del futuro Estado. Dice: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”. Lo “unitario”, como definía la anterior Constitución, no condice con lo “plurinacional” de la presente Carta Magna y menos con el compromiso del “desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”.
La presente reflexión no pretende interpretar el cúmulo de trabajos realizados para delinear el análisis doctrinal que propusieron importantes profesionales constitucionalistas y, simplemente, tratamos de reflotar ideas que hacen a la estructura de la nueva realidad nacional, en dos o tres puntos sensibles que podría en el futuro, abrir brechas de confrontación entre los pueblos indígena originario campesina, con la población urbana que también forma parte del nuevo Estado Plurinacional.
Para acometer semejante tarea de implementar la necesaria economía jurídica en Bolivia, basada en la normativa constitucional vigente, los asambleístas plurinacionales tendrán la oportunidad de dar una lectura al contenido de la nueva Carta Magna y, de hecho, encontrarán que el confuso proceso de análisis, redacción y revisión del nuevo instrumento no ha terminado como esperaban las 36 naciones que hoy constituyen la Patria Boliviana , con un pacto social coherente y moderno, que supere la situación caótica a la cual nos condujeron los partidos tradicionales durante dos décadas de ejercicio democrático.
(*) Periodista
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