Advertimos oportunamente lo que se veía venir en materia de propaganda política y que afectaría edificios públicos y privados, monumentos, parques y plazuelas, en fin todo espacio propicio para pintar avisos o pegar afiches de candidatos y partidos.
Es un proceso que se realiza en todo el país, en las ciudades principales y en las intermedias, en las poblaciones rurales, inclusive dañando la señalización en carreteras o avenidas, con tremendo peligro para los conductores de motorizados y generando un irreparable daño en las señales que como siempre sucede ya no serán limpiadas y rehabilitadas.
En ciudades capitales como Santa Cruz y La Paz, las alcaldías han aprobado leyes específicas normando el uso de los espacios públicos y privados con motivo de las próximas elecciones. Inclusive se ha definido tamaños de avisos y prohibido cierto tipo de gigantografías que alteran la visual de las personas y generan problemas en su instalación y posterior retiro.
Las disposiciones de los municipios responsables del cuidado urbanístico y la limpieza de la ciudad, en todas sus formas, tienen una escala de multas que están siendo aplicadas a los infractores, son montos altos que con seguridad incidirán negativamente en los presupuestos partidarios, en la medida que se infrinjan las normas.
En el caso de nuestra Alcaldía, lamentablemente sólo rige una ordenanza que fue dictada en la gestión 2002 prohibiendo el pintado y pegado de propaganda política en edificios públicos y privados, en pedestales de monumentos, muros en general, ornamentos de plazas y parques y en otros sitios públicos.
Lo que se observa es justamente una abierta contravención a esa norma, pues los sitios prohibidos son los que ahora lucen colores de partidos, profusión de afiches y grotescas leyendas, unas de insulto a los rivales y otras a favor de candidatos, en todo caso con variedad de colores, mostrando una ciudad sucia de suelo a techo.
La autoridad municipal insinuó la aplicación de una multa de 10 mil bolivianos a todos los infractores y se dispondrá otra escala de sanciones contra los reincidentes, sin embargo la norma fija no es precisamente equitativa si se observa que algunos partidos han ensuciado más que otros y por lo mismo debieran pagar más.
La comuna recibirá las multas y seguramente utilizará esos fondos para tareas de limpieza de los espacios públicos, los propietarios de edificios y viviendas particulares se preguntan ¿quién les repondrá la limpieza y el repintado de los muros de su propiedad? Tendrían que ser los partidos infractores, fácilmente identificables y sujetos no sólo a la multa, sino a dejar las paredes en estéticas condiciones.
Si bien no hay una ley expresa, debido a que el Concejo Municipal no toma las previsiones del caso para legislar oportunamente, algo tendrá que hacer ese “cuerpo colegiado”, para apoyar legalmente la ejecución de las sanciones que sean impuestas, su cumplimiento perentorio y un doble castigo si se incumple o soslaya tales obligaciones.
Están faltando varias normas de regulación urbana, especialmente una ley que proteja la imagen citadina, que defienda sus atributos urbanísticos y que defienda de manera general la propiedad pública y privada. En el caso de la infracción con propaganda política, la identificación de los contraventores es muy simple y la sanción absolutamente clara, tal vez cuantificando la proporción de todo el daño ocasionado. La ciudad no puede quedar embadurnada.
Fuente: LA PATRIA
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