Aunque se daba por descontada la aprobación “en grande” del proyecto de la Ley Anticorrupción con el rodillo de asambleístas del oficialismo, vale la pena señalar que a esa actitud se sumó la oposición, demostrando de tal modo que existe interés en establecer condiciones de moralidad en el Estado boliviano.
Puede resultar contradictorio, pero no lo es, el respaldo de la también llamada “convergencia nacional” es una muestra de trabajar responsablemente en el estudio, el debate y la aprobación de los instrumentos legales que poco a poco normarán la vida institucional de los bolivianos, es una tarea de interés común.
Sin embargo, de haberse vencido el primer paso parlamentario en la aprobación en grande de una ley, la siguiente etapa más compleja y por lo mismo reñida será la aprobación en detalle de la norma que ha sido seriamente cuestionada inclusive por asambleístas del equipo mayoritario.
La oposición ha sido clara al indicar que avanzar sin problemas en la primera estación no significa que sucederá lo mismo en la siguiente etapa en la que deben ser analizados todos los artículos, uno por uno y con las observaciones que fuesen necesarias para cambiar, anular o añadir conceptos que garanticen la viabilidad de una Ley de beneficio colectivo y no sólo de presión política.
La Ley Anticorrupción cuya “honorífica” designación ha sido observada por la familia del malogrado líder Político Marcelo Quiroga Santa Cruz, conviniendo en que el manejo de la misma puede tener desenlaces que no son los más próximos a la democracia y por el peligro de que se convierta en arma de doble filo para afectar derechos y libertades ciudadanas tendrá que considerarse en todas las instancias, extremando y agotando los recursos democráticos para que finalmente sirva para transparentar los actos públicos de todos los ciudadanos, incluyendo a los que eventualmente fuesen parte del poder político
Ya se anticipan serias cuestionantes al contenido de la Ley que en su formato original vulnera abiertamente los resultados de hasta cinco convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, además de otros cuatro sobre derechos fundamentales de las personas, algo que contradice el sentido de una ley que debe tener “universalidad” en su aplicación.
La ciudadanía está pendiente del tratamiento final que se dará a la normativa contra la corrupción, de manera que sea una ley para transparentar la función pública, que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos, presunción de inocencia, seguridad para una defensa abierta e imposibilidad de que cualquier persona ausente pueda ser juzgada por supuestos delitos.
Lo que debe rescatarse es el sentido de ecuanimidad, de respeto general y en su caso de sanción legal que se ajuste a los derechos y protecciones que otorga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y fundamentalmente la Carta Interamericana de Derechos Humanos, además de los derechos naturales reconocidos en la nueva CPE.
Hay que eliminar cualquier tipo de presión que se quisiera ejercer desde el Poder Ejecutivo, ya que significaría una tácita transgresión al objetivo de una Ley Anticorrupción de valor humano, legal y democráticamente válida.
Fuente: LA PATRIA
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