Gas natural y las maravillas de la economía boliviana

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En estos últimos días, la población boliviana ha sido bombardeada con una cantidad importante de información acerca de los recursos provenientes de la renta petrolera. La explotación de gas natural, el IDH, las regalías y la distribución de utilidades de las empresas de la industria hidrocarburífera, así como la distribución de estos recursos a los bolivianos, son aspectos que hacen parte de este debate; incluso político, que lo único que ha hecho es desinformar a la población y demostrar que el gran porcentaje de la misma, no conoce casi nada respecto del sector más importante de la economía boliviana: el sector de hidrocarburos.

No cabe duda que el sector de hidrocarburos ha sido determinante para el desarrollo de nuestro país. Según Grebe, Medinaceli, Fernandez y Hurtado (2012), el 50% del crecimiento de la economía se debe al proyecto de exportación de gas natural al Brasil. Dicho proyecto data del año 1974, iniciándose la exportación de gas años después.

El año 2005; antes de la gestión presidencial actual, se aprueba la Ley de Hidrocarburos Nro. 3058, en la que se determina los ejes centrales de la política hidrocarburífera del país que aún persisten hasta nuestros días. Para ese año, el total de exportaciones de hidrocarburos alcanzó a 1.400 millones de dólares, monto que subió más de cuatro veces cuando para el 2013 alcanzó la cifra de 6.700 millones. El mismo 2005, el precio promedio de gas para la venta era de 2,5 dólares el millar de pies cúbicos, alcanzando en 2013 a un poco más de 9 dólares.

El año 2006 fue el inicio del llamado proceso de “nacionalización”, mediante el cual se refunda YPFB, transfiriendo gratuitamente acciones del Fondo de Capitalización Colectiva, a través de la compra de acciones para llegar al 50% + 1 de empresas “capitalizadas” (Arze, 2012). La estatal petrolera boliviana tomó el control de la producción realizada por los operadores privados, lo cual generó ingresos fiscales adicionales, bajo la forma de participaciones, que básicamente financian las actividades de esta empresa.

El sistema impositivo actual es el resultado de medidas incluidas en la Ley 1689 de 1996 y en la Ley de hidrocarburos 3058 del 2005 (Medinaceli, 2012):

• Regalías y participaciones: 18% sobre el total producido.

• Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 32% sobre el total producido.

• Impuesto sobre las Utilidades: 25% de éstas.

• Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior: 12,5% del total remesado.

• Patentes.

• Impuesto al Valor Agregado, que equivale al 13% de las ventas al mercado interno.

• Impuesto a las Transacciones, que equivale al 3% de las ventas al mercado interno.

• Ingresos para YPFB del x% sobre la utilidad disponible de las operaciones en el campo, resultantes del proceso llamado de “nacionalización”.

Los nuevos ingresos fiscales del proceso de “nacionalización” que oscilan entre el 10 y 15%, son menores a los generados por el IDH creado el 2005. El año 2000, el total de ventas del sector fue de aproximadamente 500 millones de dólares y, de ellos, más de 200 millones se destinaron al pago de tributos (40%). El 2011, las ventas superaron los 3.900 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones se destinaron a tributos (78%).

Según el experto Mauricio Medinaceli, las empresas pagan al Estado alrededor del 66% del valor de la producción y no un 87% como mencionó un spot televisivo del gobierno; y es más, ese 66% es un promedio, debido a que el Gobierno negoció discrecionalmente con cada empresa lo que le paga por operar un yacimiento. Este cálculo presentado por el gobierno, presumiblemente está inflado debido a la suma de los “costos recuperables” (creados por la “nacionalización”) con los ingresos del gobierno, que en realidad, es un monto que se devuelve a las empresas. El problema es que la información no es clara, por ejemplo, en el caso de Repsol que explota el campo más grande del país, Margarita, se cree que el Estado se lleva el 55% y Repsol 45%. La división exacta depende de las condiciones del pozo y de la cantidad de inversión que la empresa privada ha recuperado; dicha información es ocultada por YPFB, para que no se puedan hacer cálculos independientes de lo que paga cada operador (año 2013).

El spot mencionado afirmaba además que la propuesta de uno de los actuales candidatos a la presidencia mencionaba que se dividirían las utilidades de las empresas del sector entre el Estado y los privados a 50-50, y que la consecuencia de esto sería la disminución en la distribución de la renta petrolera, tanto para municipios, gobernaciones, universidades y otros. Debemos aclarar enfáticamente, que los ingresos recibidos por estas instituciones o reparticiones del Estado provienen de la recaudación del IDH y no del proceso de nacionalización o de las utilidades.

Con este panorama en mente, lo que sí deberíamos preguntarnos como bolivianos, es acerca del resultado real de la “nacionalización” de las empresas de hidrocarburos y cuál el futuro que nos espera.

En el siguiente gráfico se presenta la producción de gas natural en millones de metros cúbicos (mcd), desde el año 2000 al 2012, que va desde 8,8 hasta 49,5 millones de mcd. Del 2000 al 2005 (antes de la nacionalización), la producción de gas natural creció en casi tres veces más (278%) en sólo 6 años, mientras que del 2006 al 2012 (después de la nacionalización) la producción sólo creció en 38%, en 7 años.

Por otro lado, comparando siete años antes y siete años después de la nacionalización, vemos en el mismo gráfico que la Renta Petrolera promedio entre 1999 y 2005 fue de 303 miles de millones de dólares, creciendo casi 5 veces entre los años 2006 y 2012, cuando alcanzó la cifra de 2.305 miles de millones de dólares. Si estamos de acuerdo con que el crecimiento y desarrollo de Bolivia depende en gran medida de la producción de gas, y si la nacionalización benefició a los bolivianos, ¿por qué la producción de gas creció 7 veces más lento que en años precedentes en un menor intervalo de tiempo?; y si había cinco veces más de recursos económicos, ¿para qué se utilizó ese dinero?, claramente no se invirtió en el crecimiento del mismo. (Ver el gráfico)

Continuando con el análisis, en 2013 el volumen de producción ha crecido a 56,4 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el 69,6% de esta producción fue obtenida solamente de tres pozos (San Alberto, Sábalo y Margarita-Huacaya), que son pozos antiguos y optimizados recientemente. Asimismo, mencionar que Bolivia llegó a ser una de las reservas de gas más importantes del continente, nivel que alcanzaba a 24,7 tcf., sin embargo, el 2011 se redujeron a más de la mitad; 8,3 tcf (Arze, 2012). Pese a esta realidad, se ha desatado un debate político con diferentes datos y mediciones, afirmando que las reservas alcanzaban 9,9 tcf el 2010 y para el 2013 con una cifra más o menos consensuada, se llegó a 10,4 tcf.

Lo cierto es que no se ha invertido en exploración, y expertos afirman que Bolivia no podrá sostener su nivel actual de exportaciones al Brasil y Argentina si no incrementa seriamente sus inversiones casi de inmediato. Se requiere entre cinco y 10 años para encontrar gas, y otros cinco para la fase de desarrollo del campo. En la actualidad, sólo se exploran 47 áreas de 180 y se pretende invertir hasta el 2020 sólo 1800 millones de dólares, cuando se requiere por lo menos 5000 millones de manera inmediata. La triste realidad es que en 1998 se perforaron 64 pozos, el 2008 sólo 4, y posteriormente los pozos perforados no pasaron de 15.

En este orden de ideas, se puede afirmar que si bien vivimos una etapa de bonanza económica en el país, esta no se debe a los esfuerzos realizados por el gobierno de turno, sino a la coyuntura de altos precios de las materias primas.

Por último, debe llamarnos la atención la alta dependencia de nuestra economía a un sólo sector de la economía. Según la Fundación Milenio, el 74,9% de los ingresos totales del 2013 proviene de la venta de hidrocarburos que realiza YPFB. Asimismo, la economía no ha cambiado su característica primario exportador, y más bien, este hecho se ha acentuado en los últimos años.

El 2013 el país exportó 12.042 millones de dólares y el rubro extractivo tuvo una incidencia del 80% sobre el total de ventas externas. Según Armando Méndez, el 2005 el INE reportaba que las exportaciones primarias alcanzaban a 67%, incrementándose para el 2013 a 76%. Sin embargo, según la Cepal (2005), el 89% de las exportaciones eran productos primarios y el 2012 este monto alcanzó al 95%, lo cual quiere decir que básicamente no exportamos productos industriales. Si bien esto desnuda algunos problemas de las estadísticas en Bolivia, lo preocupante es que nuestro patrón primario-exportador no sólo está destrozando los otros sectores de la industria, sino que determina que nuestra economía no sea sostenible, poniendo en peligro a nuestras futuras generaciones.