Un tema de conversación ineludible en los últimos días tiene que ver con la preocupación ciudadana en torno a las reservas del gas boliviano, todo en función a ciertas apreciaciones vertidas por políticos, manejadas con fines proselitistas, puesto que surgen al calor de las campañas que se cumplen y se expanden en todas las ciudades y con asuntos “espinosos”, como el que mencionamos.
El corrillo callejero tiene su peso específico, cuando crece y llega a los oídos de la ciudadanía, que en casos tan sensibles como hidrocarburos, gas o la subvención para mantener el precio de estos elementos ocasiona marcadas dudas que necesitan ser aclaradas para no profundizar la incertidumbre que puede derivar en serios conflictos.
Parecería exagerada esta posición, pero mucha gente del presente tiene responsabilidades para asegurar el bienestar de las generaciones futuras, por lo mismo si se habla de los recursos no renovables el asunto exige que los gobernantes pongan las cosas claras y sin mentiras.
El más reciente informe sobre las reservas de gas natural probadas y certificadas en nuestro país hasta el 31 de diciembre del 2013, alcanzan a la cantidad de 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF) que abastecen para el consumo interno y las exportaciones para los siguientes doce años, hasta el 2026, si se tratara de un depósito del energético.
El dato que tiene fuente oficial en el principal ejecutivo de YPFB tranquiliza las aguas que se agitaban peligrosamente y que necesitan de todo modos de un dique de contención muy concreto delineado para el buen uso de la reserva pero al mismo tiempo para abrir agresivos programas de exploración que nos permitan reemplazar las fuentes que se agoten, sustituyéndolas por nuevos pozos de producción de petróleo y gas que extiendan el tiempo de suministro de esta riqueza natural más allá de los 12 años estimados.
El país precisa asegurar su provisión de gas para el consumo interno pero también para cumplir los contratos de exportación, caso de Brasil y Argentina que es el negocio concreto que afirma el alto porcentaje de las utilidades que benefician al Estado de manera general pero a todo el país a través de la distribución equitativa del IDH.
Una explicación tranquilizadora refiere que la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande de Santa Cruz, en su primer año de producción, benefició al Estado con 146,7 millones de $us, suma que se divide en 96,79 millones por dejar de importar gas licuado (GLP) y 50 millones de $us que generaron sus propios ingresos.
Traduciendo la explicación técnica, resulta que el país ahorró en un año 96,79 millones en subvención, generando además ingresos libres por 50 millones de dólares. Con lo que puede entenderse en sentido práctico esa posibilidad de ir disminuyendo paulatinamente el millonario ítem de la subvención a los carburantes.
Claro está que los resultados así optimizados se darán con el funcionamiento eficiente de más plantas de procesamiento de los líquidos y su refinación, lo que pondrá al mercado interno GLP de producción propia y otros elementos incluida la gasolina natural para mercado interno y hasta para la exportación.
Lo importante es que se eliminen las dudas, que se muestre la verdad, que se definan políticas de prospección y exploración para garantizar la ampliación del futuro de sostenibilidad del abastecimiento de hidrocarburos y de gas especialmente. No es posible admitir errores en un tema tan delicado.
Fuente: LA PATRIA
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