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Sábado 23 de agosto de 2014

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Bolivia - Nacional

Villegas ratifica que Rada coordinó con jueces y fiscales en caso Rózsa

23 ago 2014

Fuente: Santa Cruz, La Paz, 22 (ANF).-

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24 horas después de haber confirmado que el Presidente Evo Morales dio la orden de intervenir el Hotel Las Américas, donde tres extranjeros fueron muertos el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas Santa Cruz, el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, ratificó este viernes que el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, coordinó acciones de manera directa con jueces y fiscales asignados al caso Terrorismo.

A diferencia de días anteriores, la sesión fue entrabada por las objeciones permanentes de la comisión de fiscales que impidieron al testigo responder preguntas de la defensa sobre el trabajo del supuesto técnico informático, Julkar Zeballos, sobre un flash memory y otros soportes técnicos de donde habrían salido las pruebas que sirvieron para la imputación contra los 39 acusados.

La defensa quiso saber por qué antes del atentado al hotel ya estaban cautelando a Mario Tadic y Elöd Tóásó (actualmente presos por el caso terrorismo) y por qué en ese momento ya se mostraron flash memory y computadoras, violando el derecho constitucional a la intimidad, además quería saber si el testigo en calidad de Jefe de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno participó en la incautación y apertura de esos soportes técnicos.

La Fiscalía objetó esos cuestionamientos señalando que corresponde a la audiencia conclusiva. Sin embargo a mucha insistencia, Villegas logró tomar la palabra y pidió al presidente del Tribunal, Sixto Fernández, que no le corten porque cuando era funcionario dependiente del entonces ministro Alfredo Rada, conoció el caso Terrorismo caratulado como el “tema del siglo”.

“Mi persona vio este tema emanado de un gabinete jurídico y estaban encargadas por el ministro de Gobierno, Rada, el que dependiendo de la situación llamaba a jueces y fiscales para coordinar. Una vez que lo coordinaba me transmitía las órdenes para llevarlo a cabo. Cabe hacer notar que la primera que vio (el tema) fue la fiscal Betty Yañíquez, ahora candidata (a diputada) del MAS”, declaró.

El fiscal Céspedes advirtió que la intención de la defensa es revisar las pruebas validadas en audiencia conclusiva, en una “jugarreta” donde el testigo, aprovechando su condición de detenido en el penal de Palmasola, ofrece una versión distinta a la que cuando estuvo en funciones de Gobierno.

Dijo que la defensa y el testigo tratan de contaminar y obstruir el proceso, para que los jueces se invaliden por haber conocido con anticipación alguna de las pruebas, cuando les toque valorar en la etapa final.

El abogado defensor Alberto Morales recordó a la Fiscalía que ser testigo es decir todo lo que vio, y alertó que las constantes objeciones apuntan a utilizar al Tribunal de Sentencia, para encubrir delitos cometidos en la generación de las supuestas pruebas del caso terrorismo.

“Tengan la capacidad de querer saber la verdad, dejen al testigo responder”, reclamó con vehemencia el abogado Morales, al recordar que las autoridades judiciales no pueden admitir pruebas ilícitas porque ya el 29 de abril de 2009, 13 días después del atentado al Hotel, el Ministerio de Gobierno solicitó información de los soportes informáticos.

Recordó que el Tribunal Constitucional estableció que la violación a los derechos fundamentales puede ser reclamada en cualquier momento ante un juez, ni siquiera la cosa juzgada puede servir para la violación de otros derechos y en consecuencia, dijo, se puede concluir que tanto el fiscal Sergio Céspedes como el fiscal Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil, “han mentido” porque no sólo cometieron delitos sino violaron derechos humanos al validar pruebas ilícitas.

Aclaró que el incidente de actividad procesal defectuosa planteada por la defensa - donde Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, todos exasesores jurídicos de Alfredo Rada - pretende la nulidad de ciertos actos judiciales para revisar el pasado que se habría valido de pruebas ilícitas.

Fuente: Santa Cruz, La Paz, 22 (ANF).-
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