Control de áreas estratégicas

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Con la aplicación de la política de nacionalización o recuperación de los recursos naturales el Estado boliviano tiene bajo su control todas las áreas estratégicas, como el gas, petróleo y los minerales, lo que permite que la riqueza que generan estos sectores se mantengan en el país y se la distribuya entre los más pobres y retorne además a los sectores productivos para mejorar sus volúmenes exportables.

En el plano político, se menciona que en nuestro país la utilidad y excedentes por el uso de los recursos naturales se queda en nuestro territorio y ya no sucede que esa ganancia sirva a fuentes externas, donde eran transferidas por los capitalistas que explotaban nuestros yacimientos petroleros y mineros.

Fuera del proceso y control de áreas estratégicas, se perfila la participación del sector privado empresarial, aunque se delimita su accionar a otras áreas que no sean las tomadas por el Estado y que pueden ser las de agricultura en su amplia diversidad, como en la ganadería, manufacturas, servicios variados y el caso de infraestructura, que se entiende como construcción y carreteras.

Así delineada la estrategia parecería que precisamente rubros tan importantes como la explotación de los recursos naturales, debería ser sólo responsabilidad gubernamental, empero la práctica y los hechos demuestran que precisamente en estos sectores estratégicos es donde se requiere de mayores inversiones debiendo acudirse a empresas nacionales y/o extranjeras que puedan no sólo aportar capitales sino también transferir tecnología y producir una renovación en el uso de maquinaria, equipos y herramientas, tanto en la línea petrolera y gasífera como en la minera y la metalúrgica.

En la visión estatal del tiempo presente, los planes de orden productivo van hacia el 2025 como una meta para la celebración del bicentenario de la creación de la República. Lo que falta es la puesta en marcha de un programa delineado con objetivos muy concretos y las más claras reglas de juego, de modo que de aquí adelante se superen problemas, se garantice la viabilidad de los mega proyectos y todos los que tienen que ver con un país en pleno crecimiento.

Exigencia ineludible, contar con normativas concretas que otorguen seguridad jurídica a las inversiones y garanticen el desarrollo de negocios entre el Estado y el sector privado empresarial, nacional y extranjero.